La reciente propuesta de establecer un fondo estatal para medicamentos ambulatorios ha puesto sobre la mesa una discusión crucial: el considerable gasto de bolsillo que asumen numerosas familias para mantener sus tratamientos. Esta es una realidad apremiante, en especial para pacientes con enfermedades crónicas, adultos mayores y hogares en situación de vulnerabilidad, quienes a menudo se ven obligados a priorizar entre adquirir sus fármacos o cubrir otras necesidades básicas.
Frente a la criticidad de esta situación, la respuesta no puede limitarse a la creación de un nuevo mecanismo si antes no se logra optimizar el funcionamiento de los ya existentes. Chile ya posee una arquitectura institucional robusta en esta materia, incluyendo el GES, la Ley Ricarte Soto y el Fondo de Farmacia (FOFAR), diseñado para enfermedades crónicas en la atención primaria, entre otros instrumentos.
El problema central radica en que esta garantía formal no se traduce siempre en un acceso oportuno y efectivo. Existe una brecha entre lo que es una cobertura en el papel y la disponibilidad real de los tratamientos. No es suficiente que una terapia figure en una canasta o esté financiada teóricamente; debe estar accesible cuando el paciente la necesita, en el punto de atención correspondiente y con la continuidad necesaria.
Cuando esta disponibilidad falla, la carga económica recae directamente sobre las familias, incluso en el caso de tratamientos que el propio sistema sanitario se ha comprometido a costear. Las razones detrás de esta disfunción son diversas y bien conocidas. Se observa que las canastas de medicamentos no siempre se actualizan al ritmo de la realidad clínica, los procesos para activar los beneficios pueden ser complejos o poco claros, y persisten desafíos en el abastecimiento.
A esto se suman la fragmentación entre los distintos niveles de atención y las dificultades para la coordinación entre los diversos programas existentes. El resultado es una experiencia frustrante para los pacientes, quienes terminan comprando por su cuenta aquellos fármacos que deberían estar garantizados por la red pública. Por esta razón, antes de añadir una nueva sigla o programa, resulta fundamental abordar por qué los mecanismos actuales no están cumpliendo su propósito.
El verdadero desafío va más allá de solo aumentar el financiamiento; implica financiar de manera más eficiente y efectiva. No se trata meramente de crear más fondos, sino de asegurar que cada peso público invertido se destine al tratamiento correcto, en el momento justo y llegue a la persona que realmente lo necesita, como lo enfatiza Patricio Huenchuñir, Vicepresidente ejecutivo de ASILFA A.G..
