El exdiputado de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida Cobo, activó una ofensiva judicial en Valparaíso al solicitar una audiencia de cautela de garantías. Su objetivo es conocer la solicitud que autorizó el allanamiento de sus oficinas a fines del mes pasado, un procedimiento que su defensa considera que transgredió su privacidad.
Según la presentación ingresada ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, la defensa de Fuenzalida, liderada por el penalista Nelson Salas Stevens, no ha logrado acceder a la petición de la fiscal Constanza Encina. Esta petición fue clave para que la justicia otorgara la orden de entrada y registro del 23 de junio pasado, un documento esencial para entender los fundamentos de la medida.
El escrito detalla que la defensa requirió al tribunal una copia de la solicitud fiscal para conocer los motivos de la transgresión a la privacidad, intimidad y propiedad del exdiputado. Sin embargo, esta petición fue denegada bajo el argumento de que la causa se encuentra reservada con diligencias pendientes de plazo.
A juicio de los abogados de Fuenzalida, la justificación para no entregar la copia de la solicitud del ente persecutor es confusa. Argumentan que existe una clara distinción entre la reserva o confidencialidad de la causa ante el tribunal, regulada por el Auto Acordado 16/2017, y el secreto de la investigación en sí, que se rige por el artículo 182 del Código Procesal Penal.
El penalista Salas subraya que, aunque la solicitud de entrada y registro haya sido declarada secreta por la fiscalía, el inciso cuarto del mismo artículo 182 permite al imputado solicitar al juez de garantía que ponga fin o limite dicho secreto, ya sea en su duración, las piezas abarcadas o las personas afectadas. Este recurso legal es precisamente lo que busca la defensa.
Públicamente, ha trascendido que el excongresista es investigado por la supuesta devolución de dineros en efectivo por parte de sus asesores parlamentarios. Otra línea de investigación apunta al uso de la plataforma digital Socialtazk, descrita como una “pantalla vacía” financiada con recursos públicos, lo que podría configurar un delito.
Una declaración clave en la investigación fue la de su jefa de gabinete, develada por Mega. Ella confesó que entre 2023 y 2024, el parlamentario gremialista le otorgaba un “adicional al sueldo” mediante anexos de contrato visados por la Cámara de Diputados, que ascendía a una cifra entre 350 mil y 400 mil pesos.
“Era un adicional que debía traspasárselo a él. En ese sentido era muy reservado y solo me daba instrucciones (…). Luego yo debía girar ese monto en efectivo y se lo pasara personalmente si tenía la oportunidad cuando era semana distrital, y si no, me pedía que fuera al banco y la depositara en una ventanilla en efectivo, a una cuenta suya del Banco Santander. Nunca me pidió una transferencia, siempre fue en efectivo”, confesó la testigo.
La exasesora indicó que este peculiar mecanismo se detuvo cuando manifestó su incomodidad por lo que consideraba un acto incorrecto, lo que generó la molestia del entonces legislador. Tras esto, acusó que el exdiputado replicó la misma práctica con su secretaria y con su propia pareja, a quien también habría contratado con cargo al personal de apoyo.
Con estos antecedentes, el abogado defensor de Juan Manuel Fuenzalida ha solicitado formalmente fijar una audiencia de cautela de garantías para obtener acceso pleno al contenido de la solicitud del persecutor, buscando así esclarecer los fundamentos de la investigación en su contra y defender sus derechos procesales.
