Un grupo de diputados oficialistas presentó un proyecto de ley con el objetivo de limitar la entrega de pensiones de gracia a personas con antecedentes penales y establecer mecanismos para revocar dichos beneficios. La iniciativa, liderada por la diputada del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, busca poner fin a situaciones observadas tras el estallido social de octubre de 2019, cuando algunas de estas pensiones fueron otorgadas a individuos con prontuario policial que, posteriormente, reincidieron en delitos.
La propuesta legislativa pretende fortalecer el marco jurídico de las pensiones de gracia mediante la implementación de requisitos objetivos para su concesión. Asimismo, busca una regulación legal explícita para el procedimiento de evaluación e incorporar inhabilidades claras que impidan a personas con historial delictivo acceder a estos fondos.
Adicionalmente, el proyecto contempla reforzar la Comisión Especial Asesora, crear mecanismos de revisión de carácter permanente y definir causales de revocación. Con estas medidas, se busca reducir significativamente los márgenes de discrecionalidad administrativa que actualmente rodean el otorgamiento de estas pensiones.
La diputada Rodríguez afirmó que las pensiones de gracia “hace tiempo han estado en tela de juicio”, especialmente en relación con los beneficios entregados después del estallido social. “Estas pensiones fueron entregadas directamente a personas que tenían antecedentes y que, después de haber sido entregadas, siguieron cometiendo delitos”, enfatizó la parlamentaria.
En ese sentido, Rodríguez explicó que la iniciativa no solo se enfoca en establecer requisitos de inhabilidad, sino también en incorporar causales que permitan la revocación del beneficio. “Estamos muy orgullosos de hacernos cargo de un problema que afecta también a los chilenos, porque esto es plata pública”, añadió la legisladora, manifestando su esperanza de que tanto el Ejecutivo como el Congreso colaboren para modificar la normativa vigente.
Por su parte, la también diputada republicana Paz Charpentier, quien es una de las firmantes del proyecto, calificó estas ayudas como “pensiones de desgracia”.
“Una pensión de gracia que se entrega a delincuentes es una pensión de desgracia que los chilenos no estamos dispuestos a pagar”, sostuvo Charpentier.
El proyecto establece una diferenciación entre las diversas categorías de pensiones de gracia, asignando requisitos objetivos específicos a cada una. Además, detalla los procedimientos de evaluación y fortalece los mecanismos de control posteriores, preservando la atribución constitucional que posee el Presidente de la República en esta materia. Charpentier concluyó que la propuesta busca rectificar una situación que considera injusta, cuestionando particularmente las pensiones otorgadas a individuos condenados por delitos en el contexto de las manifestaciones de octubre de 2019.
