El gobernador de La Araucanía, René Saffirio, informó que el Gobierno Regional se encuentra en una etapa crítica para recuperar dineros públicos mal rendidos. La autoridad confirmó que el proceso de cobro afecta a más de 300 compañías que fueron beneficiadas por el programa de reactivación económica de la Agencia de Desarrollo Regional entre los años 2022 y 2023.
Estas empresas recibieron fondos destinados principalmente a proyectos de infraestructura, pero tras detectarse irregularidades, el Gobierno Regional interpuso una denuncia formal ante el Ministerio Público. El objetivo central de esta acción administrativa es lograr la restitución de 8 mil millones de pesos comprometidos en estos programas.
¿En qué consiste el cobro a las empresas?
Según explicó el gobernador Saffirio, el proceso se mantiene actualmente en una fase administrativa de carácter primario. Esta instancia busca que las entidades devuelvan los recursos cuyas rendiciones fueron rechazadas en su momento sin necesidad de escalar el conflicto a los tribunales de justicia.
El proceso en el que estamos es un proceso primario que tiene que ver con el requerimiento administrativo para la reintegración de los recursos, cuyas rendiciones fueron rechazadas en su momento.
No obstante, la autoridad regional advirtió sobre la falta de disposición de los involucrados para solucionar el problema. Al respecto, René Saffirio fue enfático al señalar que, a su parecer, las empresas que recibieron los dineros “no tienen mucho ánimo de restituir” lo adeudado.
La alternativa judicial y las investigaciones en curso
De no obtener resultados positivos en esta etapa administrativa, la administración regional se verá obligada a iniciar procesos de cobranza judicial. El gobernador reconoció que se trata de un camino que preferirían evitar debido a la lentitud que caracteriza a los tribunales.
“Si ese proceso no da resultado, tenemos que iniciar el cobro judicial. Obviamente, todos los chilenos sabemos por qué queremos evitar el cobro judicial. Los procesos judiciales demoran años”, sentenció la autoridad. Mientras tanto, la causa sigue bajo la lupa de la Fiscalía en La Araucanía, donde ya existen personas formalizadas por delitos graves como fraude de subvenciones y uso malicioso de instrumento privado. El caso sigue en desarrollo y los esfuerzos por recuperar el patrimonio fiscal continúan bajo estricta revisión administrativa.
