Los diputados Roberto Arroyo (independiente) y Catalina del Real (Partido Republicano) presentaron un proyecto de ley que busca establecer nuevas y más estrictas exigencias para barberías, peluquerías y otros establecimientos similares. La iniciativa propone que los titulares de las patentes comerciales de estos negocios deberán acreditar los antecedentes penales y la regularidad migratoria de todo el personal que atiende directamente al público.
Esta propuesta legislativa busca modificar el decreto ley N° 3.063, conocido como Ley de Rentas Municipales. Con esta modificación, el otorgamiento y la renovación de las patentes comerciales quedarán condicionados al cumplimiento de estos nuevos requisitos. Específicamente, los dueños de los locales deberán mantener una documentación vigente de sus trabajadores, incluyendo certificados de antecedentes y, en el caso de personas extranjeras, permisos de residencia o autorizaciones para trabajar también vigentes.
Según explicaron los parlamentarios, el proyecto surge de una creciente preocupación por el posible uso de ciertos rubros comerciales como fachada para encubrir actividades ilícitas. En este contexto, ambos legisladores hicieron referencia a advertencias previas emitidas por la Cámara Nacional de Comercio, que ha señalado la potencial presencia del crimen organizado en diversos tipos de negocios, incluyendo barberías, ópticas y centros de estética.
“No busca perseguir a quienes trabajan honestamente, sino cerrar espacios de informalidad que pueden ser aprovechados por la delincuencia. Las barberías y peluquerías que cumplen la ley no tienen nada que temer, pero el Estado sí tiene el deber de exigir antecedentes mínimos cuando se trata de locales abiertos al público”
Así lo afirmó el diputado Roberto Arroyo, enfatizando que el objetivo no es criminalizar una actividad legítima. Por su parte, la diputada Catalina del Real sostuvo que la propuesta busca dotar a los municipios de mayores herramientas para fiscalizar eficazmente los establecimientos comerciales.
“Los municipios necesitan herramientas reales para fiscalizar y actuar cuando existen locales que funcionan al margen de la normativa. No podemos permitir que actividades comerciales legítimas sean utilizadas como fachada para incivilidades, irregularidades o situaciones que afecten la seguridad de los vecinos”
La propuesta de ley también contempla que los titulares de las patentes comerciales deberán mantener un registro actualizado de todas las personas que atienden en el local. Este registro tendrá que estar disponible en todo momento para la fiscalización municipal. Además, la iniciativa establece la caducidad de la patente comercial si se detecta que se permite trabajar a personas que no cumplen con los requisitos establecidos, o si el establecimiento no mantiene el registro de personal correspondiente.
Los legisladores recalcaron que la iniciativa busca fortalecer la capacidad de fiscalización de los municipios. Con ello, esperan no afectar a quienes desarrollan estas actividades comerciales de manera formal y en estricto cumplimiento con la normativa vigente, sino que buscan elevar los estándares de seguridad.
