El Juzgado Civil de Mulchén ha ordenado a la empresa Servimar y a su representante, Manuel Recart, pagar 9 mil millones de pesos a los herederos de Ismael Rojas Rifo. La sentencia se basa en la acreditación de que Rojas Rifo era dueño de la mitad del terreno donde funciona el vertedero Licura, lo que implica una compensación por casi tres décadas de operación sin reconocer la copropiedad.
Este fallo, dictado en primera instancia por el Juzgado Civil de Mulchén, es resultado de un proceso donde los hijos de Ismael Rojas Rifo, fallecido en 2002, lograron demostrar que su padre era copropietario de los paños donde Manuel Recart instaló el vertedero.
En la misma instancia judicial, los demandantes acreditaron sus derechos sobre el 50% de los 18 mil millones de pesos que la empresa ha percibido durante casi 30 años por la explotación del vertedero. Así lo explicó el abogado de los herederos, Francisco Vera, quien destacó la contundencia de la sentencia.
El profesional enfatizó que el tribunal acogió plenamente las pretensiones de sus representados y que
«se reconoce el enriquecimiento sin causa que hicieron Manuel Recart y Servimar por el vertedero Licura».
Respecto a cómo se calculó la indemnización de casi 9 mil millones de pesos, el abogado Vera detalló que se realizó un análisis minucioso de información pública, complementada con datos requeridos mediante la Ley de Transparencia. Esta información incluía los pagos realizados por los municipios que, desde 1998, depositan sus desechos en el vertedero Licura.
«Tuvimos que acreditar durante el juicio cuáles fueron las rentas brutas que generó este vertedero por conceptos de disposición final de residuos»,
añadió Vera, al tiempo que acusó a la empresa de no colaborar con la entrega de antecedentes, balances y libros contables durante el proceso.
Por su parte, el abogado Jorge Menchaca, quien representa al dueño de Servimar, anunció que apelarán la sentencia. Menchaca argumentó que el fallo contiene errores al no considerar que no todos los terrenos en disputa —donde opera el vertedero— fueron adquiridos en copropiedad.
Según planteó la defensa, existen seis hectáreas que fueron compradas por Manuel Recart a título personal, lo que a su juicio, el tribunal no interpretó correctamente.
El vertedero Licura ha continuado en funcionamiento a pesar de los intentos por cerrarlo en 2021, fecha en que se estimaba el fin de su vida útil. Este recinto presta servicios principalmente a comunas de La Araucanía, además de algunas de la región del Bío Bío, como Mulchén, Negrete, Quilaco y San Rosendo. La apelación abre un nuevo capítulo en esta millonaria disputa judicial.
