La decisión del Gobierno del presidente José Antonio Kast de reactivar el cobro de las cuotas morosas del Crédito con Aval del Estado (CAE) ha puesto en el centro del debate el amplio poder de la Tesorería General de la República (TGR). Este organismo, encargado de la recaudación fiscal, ahora tiene la facultad de “perseguir” activamente el pago de estas obligaciones educacionales impagas, un rol que no ejercía con esta intensidad desde hace casi una década.
En este contexto de disputas judiciales y resoluciones contrapuestas respecto a los embargos a deudores, el Ejecutivo, en declaraciones a BioBioChile, enfatizó que el foco está en la obligación de pago de quienes mantienen estas deudas. La Tesorería General de la República, si bien es comúnmente asociada al pago de impuestos y contribuciones, posee un abanico de facultades mucho más amplio.
A través de diversos mecanismos, la TGR puede intervenir en la cobranza de obligaciones impagas que personas y empresas mantienen con el Estado. Esto incluye multas, diversos créditos y otros compromisos definidos por ley. Sus métodos van desde la retención de devoluciones de impuestos hasta la iniciación de procesos judiciales de cobranza.
La irrupción de la TGR en el debate económico se produce tras el inicio de las gestiones para recuperar los recursos vinculados al CAE, que representan deudas que superan los $4 billones y afectan a más de 550 mil personas en situación de mora. Sobre esta alarmante cifra, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reveló que la cartera impaga era de $500 mil millones en 2018.
«La morosidad ha aumentado 8 veces», sentenció el ministro Quiroz, enfatizando que desde 2017 el Estado no había realizado acciones de cobranza. «Todos los años el Gobierno de Chile tiene que gastar US$500 millones, pasando la plata a los bancos, porque no son los bancos los que pierden. Cuando alguien no paga el CAE, el que pierde es el Estado de Chile», reforzó la autoridad.
Este proceso marca un punto de inflexión, colocando a la TGR en una posición de mayor visibilidad ante miles de contribuyentes que, hasta ahora, no habían tenido un contacto directo con la entidad ni con sus herramientas de cobranza. El rol de la Tesorería se activa debido a su calidad de aval del Estado frente a los bancos por los créditos impagos del CAE.
Una vez que los recursos fiscales son desembolsados para cubrir estas deudas, la TGR asume la tarea de recuperar los montos adeudados. Para ello, puede establecer convenios de pago, realizar retenciones e, incluso, ejecutar acciones judiciales en casos específicos. La reciente reactivación de estas gestiones ha generado gran interés público, especialmente por la posibilidad de aplicar medidas de cobranza sobre cuentas bancarias y otros activos financieros de los deudores.
La controversia no solo puso en evidencia el poder de la TGR en el contexto del CAE, sino que también abrió una discusión más amplia sobre el alcance de sus facultades para perseguir otras obligaciones más allá del financiamiento estudiantil. Aunque para gran parte de la ciudadanía la institución se asocia primordialmente a los impuestos, su espectro de acción abarca diversas acreencias fiscales.
La Tesorería remarcó que, por ley, está facultada para cobrar deudas tributarias, fiscales y territoriales, como las contribuciones, así como multas impuestas por distintas entidades del Estado en virtud de su rol de fiscalización. Con este objetivo, la institución realiza de manera continua gestiones de cobranza administrativa y judicial de impuestos, patentes, multas y créditos de carácter fiscal, incluyendo sus respectivos reajustes, intereses y sanciones, conforme a lo establecido en el artículo 35 del Decreto Ley N°1.263 sobre Administración Financiera del Estado.
Estos recursos, provenientes de las cobranzas de la TGR, constituyen una fuente esencial para el financiamiento del gasto público, permitiendo un retorno adecuado de fondos a las arcas estatales. La reactivación del cobro del CAE, por ende, es solo una muestra visible del rol crucial que desempeña la Tesorería en la estabilidad financiera del país.
