Bolivia se enfrenta al complejo desafío de reactivar su actividad económica y reconstruir el tejido social tras 50 días de intensas protestas y bloqueos de carreteras. Las movilizaciones, que concluyeron esta semana, dejaron un saldo trágico de al menos 16 personas fallecidas, de las cuales 13 murieron por la imposibilidad de recibir atención médica oportuna debido a los cortes. Además, el país registró pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares.
El Gobierno del presidente Rodrigo Paz encara la tarea de restaurar la normalidad en un contexto donde las causas originales del conflicto aún persisten. Los bloqueos, iniciados el 6 de mayo por organizaciones sindicales y campesinas que demandaban la renuncia de Paz, afectaron gravemente el abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en diversas ciudades. La movilidad y gran parte de la economía nacional quedaron paralizadas durante el conflicto.
Expertos consultados coinciden en que la administración de Paz debe mejorar su gestión y reconstruir los vínculos con los sectores sociales para prevenir una nueva escalada de la conflictividad. El politólogo Franklin Pareja subraya la necesidad de que el Gobierno demuestre “señales de recuperación macroeconómica”, combata la corrupción y desarrolle “programas profundos de equidad” en las zonas rurales. De lo contrario, advierte, podrían surgir nuevas expresiones de descontento con un respaldo ciudadano aún mayor.
El presidente Paz declaró el martes que el bloqueo “ha sido derrotado, no puede retornar”, y afirmó que el estado de excepción se mantendrá para “ordenar” el país y evitar futuras situaciones similares. Asimismo, enfatizó la importancia de “construir y desarrollar un país donde todos los bolivianos se sientan con la oportunidad de crecer”.
El analista Ricardo Paz afirmó que en este conflicto “no hay ganadores”, ya que “todos (los actores) han perdido”. Atribuyó “varios errores” al Gobierno y consideró que los sindicatos y grupos vinculados al expresidente Evo Morales (2006-2019) resultaron “muy golpeados, disminuidos y deslegitimados”. Por ello, el analista sugiere que el Ejecutivo debe dar un “giro” a su conducción política, “mejorar significativamente la gestión pública y ejecutar con mayor eficiencia las reformas necesarias”, junto con una “transformación drástica” de su política de comunicación.
Las protestas comenzaron en la región de La Paz, epicentro de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y se expandieron a casi todos los departamentos, con un centenar de puntos de bloqueo concentrados en la zona andina y el centro del país. Los sectores movilizados alegaron que Paz, con siete meses en el poder, los había marginado de las decisiones, pese a haber apoyado su candidatura en las elecciones de 2025. También lo acusaron de buscar la privatización de empresas estatales y el encarecimiento de servicios básicos, acusaciones que el Gobierno rechazó.
Inicialmente, las manifestaciones se sumaron a reclamos de otros sectores como maestros, indígenas amazónicos, transportistas y mineros cooperativistas, quienes levantaron sus medidas de presión tras llegar a acuerdos con el Ejecutivo. A partir del 11 de mayo, grupos afines a Evo Morales se unieron con una marcha desde el altiplano hasta La Paz. En respuesta, el Gobierno acusó al exmandatario de financiar las protestas con dinero del narcotráfico, señalamiento que Morales negó.
Tras siete semanas de conflicto y acuerdos con sectores como la Central Obrera Boliviana (COB), el presidente Paz decretó el sábado el estado de excepción, permitiendo la intervención conjunta de policías y militares para despejar las carreteras. Esta medida se aplicó hasta el martes y se ejecutó prácticamente sin incidentes, dado que la mayoría de los puntos conflictivos ya estaban desocupados. El camino hacia la estabilidad económica y la reconciliación social se presenta como el próximo gran reto para Bolivia.
