La oposición chilena ha manifestado un rechazo transversal a los cobros de la Tesorería General de la República (TGR) a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). Diversas bancadas han presentado iniciativas parlamentarias para frenar esta estrategia impulsada por el Ministerio de Hacienda.
Una de las propuestas proviene de los diputados comunistas Daniela Serrano y Boris Barrera. Su proyecto busca garantizar que las remuneraciones de las personas mantengan su condición de inembargables, incluso cuando se encuentren depositadas en cuentas bancarias. Serrano criticó que la iniciativa, que pasó de la Comisión de Trabajo a la de Educación, se encuentra estancada por el oficialismo.
Paralelamente, diputados del PPD e Independientes ingresaron una iniciativa para impedir que las deudas del CAE sean perseguidas bajo el Código Tributario. La propuesta establece que cualquier acción de cobro deba efectuarse en tribunales civiles. El diputado Fernando Zamorano explicó que el objetivo es eliminar la disparidad de criterios que actualmente existe en los procesos de cobranza y en las resoluciones judiciales sobre esta materia.
El Partido Nacional Libertario también expresó su descontento con los embargos dirigidos por la TGR y Hacienda. La diputada Paulina Muñoz señaló que estos embargos, amparados en la ley de cumplimiento tributario, no ofrecen protección a la ciudadanía.
La situación ha generado fallos dispares en distintas Cortes de Apelaciones del país, con resoluciones tanto a favor como en contra de los recurrentes. Hasta el momento, la Corte Suprema no ha emitido un pronunciamiento de fondo que unifique criterios, dejando los casos a la deriva en cuanto a una resolución uniforme.
