El Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía detectó que la empresa del padre de la alcaldesa de Vilcún, Katherine Migueles (RN), se adjudicó $50 millones a través de un programa de Reactivación Económica que prohibía expresamente la postulación de familiares directos de autoridades comunales vigentes.
Este antecedente es parte de la querella criminal interpuesta por el actual gobernador regional, René Saffirio, contra 10 personas por delitos de administración desleal y prevaricación. La acción de la justicia apunta a graves irregularidades detectadas en un millonario programa de casi $9 mil millones ejecutado por la Agencia de Desarrollo Productivo entre los años 2022 y 2023.
Entre las figuras públicas imputadas en el libelo judicial destacan el exgobernador regional Luciano Rivas; su exjefe de gabinete, Juan Pablo Leonelli; la actual seremi de Justicia, Stephanie Caminondo; el exdirector de la Corporación, Cristian Salas; y el exencargado del fondo concursable, Carlos Banchieri. La querella ya fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Temuco y se unificó a la indagatoria penal que lidera el Ministerio Público por el denominado «caso Agencia».
De acuerdo a los antecedentes de la querella, las bases administrativas del programa de Reactivación Económica obligaban a someter las iniciativas a una Comisión de Admisibilidad. Dicha instancia visó el avance de 684 proyectos antes del cierre oficial fijado a las 12:30 horas del 26 de septiembre de 2022.
Sin embargo, un acta firmada por posicionados de la comisión revela que se acordó omitir el análisis del «Anexo 5» —que exigía la carpeta tributaria de 2021, iniciación de actividades y certificado de vigencia—, posponiendo este requisito obligatorio solo para la etapa de notificación de beneficiarios. Ese mismo día, según el documento judicial, Carlos Banchieri instruyó vía correo electrónico al encargado informático del proceso que ingresara de manera directa 412 postulaciones para declararlas admisibles de forma extemporánea.
Dentro de las carpetas incorporadas fuera de plazo se encontraba la postulación de Guillermo Migueles Beltrán a través de su firma Gambi SPA. El empresario, padre de la jefa comunal de Vilcún que entonces cursaba su primer periodo edilicio, recibió $50 millones que posteriormente fueron rechazados en el proceso de rendición de cuentas del GORE. Además, el organismo fiscalizador detectó facturas anuladas, ausencia de inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la presentación de una sola cotización.
Respecto a esta situación, la consejera regional y presidenta de Renovación Nacional en la zona, Sara Suazo, argumentó desconocer los hechos por no formar parte del cuerpo colegiado en esa época, aunque matizó el rol de la jefa comunal:
«Como no lo sabía y ahora estoy en conocimiento, voy a llamar a la alcaldesa para ver qué es lo que ella sabe al respecto. No siempre que uno es la hija de alguien puede estar en conocimiento de todo lo que hace el papá o viceversa», esgrimió.
Radio Bío Bío intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con la alcaldesa Katherine Migueles, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta edición.
