Una millonaria pugna legal entre dos congregaciones católicas por los terrenos de la Parroquia San José de La Reina ha escalado hasta los tribunales civiles. La disputa judicial comenzó tras presentarse demandas para anular los contratos de compraventa de dos valiosos lotes ubicados en calle Onofre Jarpa, a la altura de la intersección con Leonardo Murialdo, los cuales eran utilizados históricamente por la comunidad local.
Estos paños, donde funcionaban salones parroquiales y estacionamientos para los feligreses, fueron traspasados formalmente a Inmobiliaria Santa Isidora SpA, una firma constituida apenas dos meses antes del negocio. La propiedad de esta sociedad pertenece al médico neurocirujano Miguel Naranjo Hinzpeter, hijo del histórico exdiputado por la región del Maule, Jaime Naranjo.
El aspecto que más llama la atención de la transacción es que el monto total de la venta, equivalente a más de $2.666 millones bajo la conversión actual, se pactó para ser pagado en cuotas mensuales que se extenderán hasta el año 2065. Este largo plazo de pago de 40 años, sumado a las escasas garantías financieras, encendió las alarmas de los demandantes, quienes acusan una falta de resguardos económicos básicos para el vendedor.
La acción en tribunales civiles abre un flanco paralelo al conflicto canónico que ya existía. La demanda de la congregación de los Dehonianos (Sacerdotes del Corazón de Jesús), actuales administradores de la parroquia, apunta directamente contra la sociedad compradora y contra los vendedores, la Congregación Padres Josefinos de Murialdo (también conocida como Congregación San José).
Según plantean los demandantes, la enajenación de estos espacios, usados por más de 50 años para actividades pastorales, sociales, educativas y de servicio comunitario, amenaza de manera directa el trabajo con los vecinos de La Reina. El abogado que representa los intereses de los dehonianos cuestiona si se cumplieron todas las exigencias canónicas y civiles aplicables para disponer de bienes que están ligados directamente al culto religioso.
De acuerdo con los antecedentes del caso, el 26 de septiembre de 2025, el sacerdote Sebastián Martínez Vera, en representación legal de los Josefinos de Murialdo, concurrió a una notaría en Las Condes para firmar la venta de los terrenos. Previamente, hubo una serie de conversaciones e intentos de mediación por parte del Arzobispado de Santiago para evitar la venta a un tercero, diálogos que finalmente fracasaron.
La firma del contrato se realizó en la notaría de Álvaro González Salinas, funcionario que posteriormente fue removido de su cargo por la Corte de Apelaciones de Santiago debido a un desempeño deficiente en otras causas. El primer lote de la parcela 248 del lado oriente por calle Onofre Jarpa se transó por un valor de 45.385 Unidades de Fomento, equivalentes a unos $1.777 millones al valor de la época, lo que sigue generando suspicacias en la parte demandante.
