Apenas 24 horas después de su ingreso al Congreso, el Registro Único de Vándalos e Incivilidades ha generado un intenso debate técnico. Incluso entre los sectores que apoyan la iniciativa, existen reparos críticos sobre el catálogo de conductas sancionadas y la estructura de las penas propuestas, lo que amenaza con complicar su tramitación legislativa.
Una de las mayores preocupaciones se centra en la ambigüedad sobre las loterías no autorizadas. Existe un temor real de que este punto afecte cualquier colecta solidaria organizada por juntas de vecinos o comunidades locales. Asimismo, muchos especialistas cuestionan la inclusión de delitos graves que ya poseen un régimen sancionatorio y penas privativas de libertad consolidadas en nuestra legislación actual.
La pugna por los delitos económicos y la falta de criterios
El debate ha escalado hacia lo que no está incluido en el texto. La oposición ha presionado para que se añadan los crímenes tipificados en la Ley de Delitos Económicos. El Partido de la Gente (PDG) presentó un proyecto de resolución en este sentido, mientras que la Democracia Cristiana (DC) fue más allá al anunciar una iniciativa legal para sancionar el lavado de activos, la estafa y el fraude al fisco. El diputado Patricio Pinilla (DC) propuso sanciones accesorias, como la prohibición de obtener licencias de conducir o integrar directorios de empresas públicas.
La respuesta del Ejecutivo ha sido contradictoria, generando dudas adicionales en el Congreso. El biministro Claudio Alvarado y el ministro de Seguridad, Martín Arrau, rechazaron incorporar delitos económicos argumentando que estos ya tienen su propio marco sancionatorio. Sin embargo, el proyecto sí contempla tipos penales existentes, incluyendo casos gravísimos como el homicidio de un fiscal o un defensor penal público. El ministro Arrau intentó cerrar esta polémica enfocando el objetivo del registro en «contener actos vandálicos y comportamientos que son incivilidades».
Fragmentación en el Congreso
Las críticas cruzan transversalmente a las coaliciones políticas. El diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, cuestionó la proporcionalidad de las sanciones y adelantó que buscarán añadir delitos de carácter sexual al catálogo. Por otro lado, el comité del Partido Comunista (PC) ha iniciado dos reservas de constitucionalidad. Según el diputado independiente del comité PC, Bernardo Salinas, el proyecto vulnera principios fundamentales como la igualdad ante la ley y el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
En la vereda opuesta, la diputada y presidenta de Demócratas, Joanna Pérez, instó a sus pares a dejar de lado los «complejos ideológicos», argumentando que la prioridad central es que la ciudadanía se sienta segura en el espacio público. Con este escenario de alta tensión y divergencias técnicas, la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados dará inicio a la tramitación del proyecto este miércoles a las 17:30 horas, bajo la modalidad de urgencia suma. Fuentes del Ejecutivo ya reconocen que se avecina un proceso legislativo extenso y complejo.
