La capacidad de Chile para entenderse a sí mismo está en riesgo, alertan expertos. El país ha logrado construir un sólido ecosistema de conocimiento gracias a políticas de formación de capital humano avanzado y el financiamiento a la investigación científica, además de un notable esfuerzo estatal y de organismos internacionales en la producción de estadísticas.
Este avance ha posicionado a Chile como uno de los mejores productores de conocimiento en la región, e incluso fuera de la OCDE. Sin embargo, este sistema se sostiene sobre bases frágiles. Al alcanzar el estatus de país de ingreso medio, Chile ha experimentado un retiro progresivo de la inversión internacional en ciencias sociales, bajo la premisa de que el país ya cuenta con recursos propios para financiarse.
La realidad es que Chile destina solo un 0,4% de su PIB a investigación y desarrollo, muy por debajo del 2,7% promedio de la OCDE. En este escenario, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) se ha convertido en la principal y más eficiente fuente de financiamiento, especialmente en un país con escasa cultura filantrópica y baja inversión privada en investigación.
En este contexto, la propuesta de modificar las bases del Fondecyt de Postdoctorado 2027 genera preocupación. La iniciativa busca delimitar el 70% de los proyectos a áreas prioritarias definidas por el Estado, dejando solo un 30% para otras dimensiones clave de la vida social, un margen considerado insuficiente por los cientistas sociales.
Aunque las áreas prioritarias como la productividad y el crimen organizado son relevantes, la investigación en ciencias sociales advierte que fenómenos como la pobreza, la desigualdad, la desconfianza institucional, la migración, la informalidad, la educación y la participación laboral femenina son cruciales para comprender integralmente esos mismos problemas. La falta de consulta a los investigadores al definir estas prioridades pone en riesgo la capacidad del país para anticiparse a futuras crisis.
La producción de conocimiento requiere constancia y no puede ser intermitente. La historia reciente de Chile, como el estallido social de 2019, evidencia la necesidad de un monitoreo continuo. En aquel momento, la sociedad pudo recurrir a un amplio acervo de estudios de investigadores como Kathya Araujo, Juan Pablo Luna y el PNUD, que ya habían diagnosticado el malestar ciudadano.
Desfinanciar las ciencias sociales implica desmantelar la capacidad de encontrar respuestas a preguntas fundamentales, incluso antes de que estas se planteen. Este retiro de fondos es una tendencia mundial, pero en Chile la resistencia a estas disciplinas parece ser particularmente generalizada. A diferencia de otros países donde la crítica se centra en la supuesta politización, en Chile se cuestiona la utilidad general de las ciencias sociales.
Ejemplos de esta tendencia incluyen los cuestionamientos de la ministra Lincolao sobre la relevancia de financiar estudios de partidos políticos, o las críticas del presidente Kast a la encuesta CASEN y la utilidad de los libros. La incomodidad no se limita a lo “woke”, sino que abarca la esencia misma de la investigación social.
Estos episodios muestran una contradicción profunda, donde se duda del valor de las ciencias sociales justo cuando más se necesitan sus aportes para comprender y abordar los complejos desafíos que enfrenta la sociedad chilena.
