La Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ) ha expresado una fuerte preocupación por la designación de la abogada Trinidad Zegers en un rol de coordinación clave para la Reforma Procesal Civil. Este proceso, considerado una de las transformaciones más urgentes y significativas para el sistema de justicia chileno, requiere a juicio de la organización, un profundo conocimiento del funcionamiento tribunalicio y una vasta experiencia en la materia.
La OTJ recordó que Zegers juró como abogada en abril de este año, incorporándose ese mismo mes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Aunque la cartera ministerial aclaró que sus funciones se limitarían a la coordinación y gestión, manteniendo las definiciones sustantivas en manos de autoridades y equipos técnicos, la organización valoró la precisión, pero insistió en que no resuelve el fondo del problema respecto a los criterios de designación.
Desde la OTJ se subrayó que los cuestionamientos son de índole institucional y no personales contra la abogada. La crítica se centra en la metodología del Ministerio de Justicia para asignar responsabilidades en un proceso de esta envergadura. Argumentan que tales decisiones deben ser transparentes y justificables tanto para la ciudadanía como para los integrantes del sistema judicial.
“El problema es institucional”
Según la organización, una reforma estructural debe integrar no solo aspectos técnicos y políticos, sino también administrativos y de gestión, requiriendo que los responsables posean las competencias necesarias para cada tarea. También enfatizaron la necesidad de considerar la participación activa de los funcionarios del Poder Judicial, quienes, debido a su trabajo diario, tienen un conocimiento directo sobre las cargas laborales, los desafíos de gestión y las limitaciones del sistema actual. Esa experiencia, sostienen, es crucial desde las etapas iniciales de la reforma.
La OTJ advirtió que la historia de reformas procesales anteriores demuestra que una modificación legislativa puede fallar si no se acompaña de una planificación adecuada en áreas como dotación de personal, infraestructura, capacitación y tecnología. Por ello, solicitaron al Ministerio de Justicia detallar las funciones y atribuciones de los coordinadores y equipos a cargo de la reforma, exigiendo que las responsabilidades estratégicas sean asumidas por expertos en procesal civil y gestión judicial.
Entre las propuestas de la organización, se incluye establecer mecanismos formales para la participación de los trabajadores judiciales, integrar desde el inicio las implicaciones laborales y organizacionales del nuevo modelo, y desarrollar un plan de implementación con los recursos necesarios. La OTJ reiteró su apoyo a la modernización de la justicia civil, pero insistió en que esta oportunidad no debe desperdiciarse por una planificación deficiente o falta de diálogo.
“Modernizar la justicia civil no consiste solamente en aprobar un nuevo Código Procesal. Significa construir un sistema capaz de funcionar en la realidad. Y para hacerlo correctamente, la experiencia de quienes trabajan todos los días en los tribunales debe ser escuchada”
Concluyeron que el éxito de la reforma dependerá de una implementación que considere la realidad operativa de los tribunales y la valiosa experiencia de sus funcionarios.
