El Gobierno fija postura ante crisis de menores haitianos
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó este martes desde La Moneda la compleja situación sobre las irregularidades detectadas en el ingreso de niños haitianos al país. Ante las consultas sobre la responsabilidad política del Gobierno de Gabriel Boric frente a estos hechos, la autoridad evitó emitir juicios directos contra la administración saliente.
El caso, que ya es materia de indagación por parte del Ministerio Público, fue calificado por Pavez como un suceso de máxima gravedad. Al ser consultado sobre el desempeño del mandato anterior, el subsecretario señaló:
Yo no quisiera calificar los esfuerzos del Gobierno anterior por que esta situación se investigara. Nos parece que esto es de una gravedad tal que el Gobierno no va a confrontar directamente las responsabilidades del Gobierno anterior. La opinión pública podrá juzgar si las actuaciones del Gobierno anterior en esta materia fueron suficientes para esclarecer estas circunstancias.
Colaboración con la justicia y falta de cifras precisas
Sobre el rol del actual Ejecutivo, Máximo Pavez enfatizó que la prioridad es poner a disposición de la Fiscalía todos los antecedentes necesarios para facilitar una investigación expedita. Respecto a la magnitud del caso, el subsecretario declinó confirmar la cantidad exacta de menores involucrados, pese a las versiones que sugieren que la cifra podría ascender a cientos.
La autoridad explicó que existe un proceso pendiente liderado por la Contraloría que aún no ha concluido. Según detalló Pavez, las indagatorias actuales se basan en una muestra limitada, por lo que el universo real de menores afectados solo se conocerá una vez que se emita el informe final de la entidad fiscalizadora.
“Respecto de los números de los menores involucrados, lo que corresponde es entender que acá hay una investigación de la Contraloría que no ha finalizado”, puntualizó. Asimismo, reiteró el compromiso estatal para esclarecer situaciones de vulnerabilidad grave o casos donde se desconoce el paradero de los niños, enfatizando que el Gobierno busca colaborar en la resolución del problema y no obtener réditos políticos. El avance de esta causa sigue supeditado a los plazos legales del Ministerio Público y el reporte final de Contraloría, lo cual determinará las responsabilidades finales en este proceso.
