La Contraloría General de la República (CGR) reveló que autoridades y directivos de la Municipalidad de El Tabo no se abstuvieron en decisiones cruciales, pese a tener vínculos familiares o personales involucrados. Esta situación fue parte de las conclusiones del Informe Final N° 596, resultado de una investigación especial que analizó la gestión municipal, incluyendo contrataciones de personal y eventuales conflictos de interés.
El informe detalla la participación de funcionarios en situaciones donde la existencia de lazos familiares o personales exigía una abstención, según la normativa. La concejala Karina Soto de El Tabo hizo pública esta información a través de sus redes sociales. Estas observaciones se basan en una presentación bajo reserva de identidad, tres presentaciones adicionales durante la fiscalización y otros antecedentes recabados en 2026.
La CGR también examinó el proceso de traspaso de trabajadores a honorarios al Código del Trabajo. En este punto, el organismo fiscalizador detectó la falta de antecedentes claros que permitieran evaluar el impacto financiero de estas medidas para el municipio, la forma en que fueron comunicadas al Concejo Municipal y si la información estaba disponible de manera transparente para la comunidad.
Como resultado de estas irregularidades, la Municipalidad de El Tabo está obligada a implementar las acciones necesarias para regularizar las situaciones, informar sobre los procedimientos administrativos que correspondan y acreditar ante Contraloría el cumplimiento de estas instrucciones.
Este informe de fiscalización se suma a una revisión previa de la Contraloría, cuyos resultados se conocieron en diciembre de 2025. En aquella ocasión, se identificó que 56 funcionarios municipales tenían vínculos con el alcalde Alfonso Muñoz u otras autoridades del municipio. De este total, 24 funcionarios mantenían una relación directa con el jefe comunal.
Al respecto, María Lorena Rossel, abogada y académica de la Universidad de Las Américas (UDLA), subrayó que si bien la contratación de familiares está permitida, es fundamental que no exista una relación jerárquica. Entre los hallazgos de la fiscalización anterior se destacó la contratación a honorarios de una sobrina del alcalde para la Secretaría Comunal de Planificación, lo cual fue considerado una inhabilidad legal.
En respuesta a estas observaciones, el alcalde Alfonso Muñoz utilizó su cuenta de Facebook para asegurar que el informe de Contraloría no lo acusa de ningún delito ni le atribuye responsabilidades directas. Afirmó que las observaciones se centran en su deber de abstenerse en la firma de ciertos documentos o decisiones cuando existen vínculos, una práctica que, según él, ya aplica.
El jefe comunal también defendió la trayectoria de los funcionarios con lazos familiares, argumentando que compartir un apellido no implica una falta de experiencia, capacidades o años de servicio a la comunidad. La situación sigue en desarrollo, esperando las acciones que el municipio deberá presentar ante el organismo fiscalizador.
