Una nueva propuesta legislativa busca endurecer las sanciones contra quienes cometan actos de violencia e incivilidades en el país. El proyecto, ingresado este lunes a la Cámara de Diputados por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, busca enfrentar la creciente percepción de inseguridad ciudadana mediante la creación del Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades.
¿En qué consiste el nuevo registro nacional?
La iniciativa establece la creación de una base de datos oficial que identificará a todas las personas condenadas por delitos específicos relacionados con el vandalismo. Esta nómina no solo registrará a los responsables, sino que fijará una serie de consecuencias adicionales a las penas privativas de libertad ya existentes.
El punto central del proyecto, contenido en su artículo 9, advierte que quienes sean incorporados a este registro por cometer "actos vandálicos especialmente graves" enfrentarán la suspensión o prohibición de acceder a beneficios estatales. Esto incluye, específicamente, el financiamiento de la gratuidad en la educación superior y la Pensión Garantizada Universal (PGU) por un periodo total de cinco años.
Delitos que activan la sanción
La propuesta detalla una extensa lista de delitos que, de ser sancionados, derivarían en la pérdida de estos beneficios sociales. Entre los actos considerados especialmente graves figuran:
- Homicidio de fiscales del Ministerio Público o defensores penales públicos en ejercicio de funciones.
- Agresiones y lesiones cometidas contra fiscales o defensores públicos.
- Homicidio de funcionarios de Carabineros en servicio.
- Toma o control violento de vehículos de transporte público.
- Agresiones contra docentes, asistentes de la educación, manipuladores de alimentos y funcionarios públicos en recintos educacionales.
- Incendio de viviendas, edificios, inmuebles, buses, trenes e instalaciones estratégicas (eléctricas, sanitarias, ferroviarias o portuarias).
- Incendio de bosques, plantaciones, pastizales y formaciones vegetales.
- Delitos vinculados a la activación, colocación o detonación de artefactos explosivos.
- Tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas.
El proyecto recalca que estas restricciones operarán sin perjuicio de las penas judiciales correspondientes a cada ilícito. Tras su ingreso esta semana, la iniciativa deberá sortear ahora su tramitación legislativa en la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
