La promesa de condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE), uno de los pilares de la campaña presidencial de Gabriel Boric, sumó un nuevo foco de controversia tras revelarse la implementación de un mecanismo legal que facilita el cobro forzoso de estas deudas. A través de la Ley de Cumplimiento Tributario, promulgada bajo la actual administración, se otorgaron facultades inéditas a la Tesorería General de la República (TGR) para realizar retenciones financieras a los deudores.
La iniciativa legal, ingresada al Congreso en 2023 y publicada oficialmente en 2024 como la Ley 21.713, introduce en su artículo 170 la habilitación para que el organismo recaudador ejecute estas medidas de cobro, una atribución con la que la Tesorería no contaba con anterioridad para este tipo de obligaciones estudiantiles.
El debate sobre la coherencia política del Ejecutivo se encendió tras cuestionamientos públicos al rol del mandatario en esta materia, donde se acusa una contradicción directa entre los compromisos electorales y la agenda legislativa implementada.
«Prometió algo que no cumplió. Te metió la ley que los tiene a todos adentro… este gobierno lo que está haciendo es hacer cumplir la ley»
La controversia instala una compleja interrogante sobre el futuro político de las demandas estudiantiles de la centroizquierda chilena, mientras la Tesorería comienza a aplicar las nuevas herramientas de recaudación fiscal sobre miles de profesionales endeudados.
