Un estudiante de 17 años fue formalizado en Temuco tras enviar un falso aviso de bomba a un colegio de la ciudad, utilizando la cuenta de correo electrónico de un compañero. El hecho activó un importante operativo de seguridad y la intervención del GOPE de Carabineros.
La jueza de Garantía de Temuco, Leticia Rivera, acogió la solicitud de la Fiscalía y dictaminó medidas cautelares alternativas a la prisión para el adolescente. Este fue detenido por el envío de una falsa alarma de bomba al interior de la Escuela Artística Armando Dufey Blanc.
El fiscal Oscar Sáez formalizó la investigación contra el alumno por dos delitos específicos: falsa alarma pública y acceso ilícito al sistema informático. La acusación se basa en que el joven accedió sin autorización a la cuenta de otro estudiante.
Según precisó el persecutor, el estudiante utilizó la cuenta de su compañero para remitir un correo electrónico a la inspectoría del establecimiento, detallando que un supuesto artefacto explosivo sería colocado en uno de los baños.
El aviso generó una inmediata reacción y un amplio dispositivo de seguridad en el colegio, que incluyó la evacuación preventiva de los estudiantes a una zona segura. Posteriormente, se solicitó la presencia del GOPE de Carabineros, quienes realizaron una exhaustiva revisión y descartaron completamente la existencia del artefacto explosivo.
Durante la audiencia de formalización, el defensor penal público, Eugenio Sáez, especializado en casos de adolescentes, había solicitado que la detención fuera declarada ilegal, una petición que fue rechazada por la magistrada Rivera.
Como resultado de la decisión judicial, la jueza Leticia Rivera impuso al adolescente imputado dos medidas cautelares específicas: la prohibición de acercarse al alumno titular de la cuenta de correo electrónico utilizada para la falsa alarma, y la prohibición de acceder a la sala de computación del colegio. Estas medidas se suman a las sanciones disciplinarias que pueda determinar el propio establecimiento educacional.
El tribunal fijó un plazo de cuatro meses para que el Ministerio Público desarrolle y complete la investigación de los hechos.
