La Corte Suprema dictó una sentencia definitiva contra un falso abogado y su cómplice, quienes fueron hallados culpables de intentar un fraude de gran escala contra la Corporación Educación Domingo Parra, con sede en Concepción. Los involucrados, identificados como Rodrigo Amilcar y el contador Moisés Fernández, articularon una estrategia de falsificación de documentos y usurpación de funciones para apropiarse de recursos destinados a la educación.
El modus operandi de la estafa
Según detalló el abogado de la corporación, Remberto Valdés, el engaño comenzó cuando Amilcar fue contratado tras asegurar falsamente poseer el título de abogado. Una vez que la institución descubrió el engaño y procedió a su despido, el sujeto se alió con el contador Moisés Fernández para ejecutar un plan delictivo destinado a capturar subvenciones estatales.
El modus operandi de los dos encausados fue falsificar actas de la dirección de la corporación educacional con la finalidad de recurrir a los sectores bancarios y también a las Seremías y la Superintendencia de Educación para hacerse con las subvenciones escolares y dejar de pagar los compromisos que tenían para con los educadores de las corporaciones educacionales.
El objetivo de los imputados era redirigir fondos mediante la simulación de una representación legal que ya no existía. Esta maniobra buscaba apoderarse de subvenciones por más de $320 millones, lo que generó consecuencias graves para el funcionamiento de la entidad durante el proceso.
Impacto en la comunidad educativa
El intento de fraude no solo afectó las finanzas de la institución, sino que tuvo un impacto directo en el personal docente y administrativo. Debido al bloqueo y las maniobras para congelar los dineros estatales, el pago de remuneraciones de cerca de 280 trabajadores se vio temporalmente perjudicado.
El caso fue llevado a tribunales, donde el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción logró acreditar tanto el ejercicio ilegal de la profesión como el uso malicioso de instrumento privado. Las condenas impuestas oscilan entre los 21 y 540 días de cárcel, sentencias que fueron ratificadas recientemente por la Corte Suprema tras fallos unánimes en ambas instancias.
Al respecto, el abogado querellante Remberto Valdés enfatizó la gravedad de los hechos:
El resultado fue extraordinariamente contundente. Fallos unánimes tanto del Tribunal Oral de Concepción como de la Corte Suprema, en orden a señalar que ambos encausados fueron coautores de ilícitos en contra de una corporación educacional, aprovechándose y mintiendo respecto de su calidad de abogado, en principio, aprovechándose de una confianza ganada e intentando defraudar en centenares de millones de pesos a niños y personas que son vulnerables.
Tras la confirmación de la pena, el proceso judicial se da por cerrado en cuanto a la responsabilidad penal de los implicados. Se espera que este fallo siente un precedente sobre la importancia de la verificación de credenciales en instituciones que manejan fondos públicos y el impacto que estas estafas tienen sobre la educación regional.
