Una inédita querella criminal ha puesto en el ojo del huracán al Poder Judicial y a una empresa que comercializa bases de datos jurisprudenciales, tras la acusación de extracción masiva y no autorizada de sentencias. El conflicto, que escaló rápidamente desde una advertencia hasta acciones legales, expone el millonario mercado que se ha gestado en torno a la información jurídica, pese a que el acceso a los fallos es gratuito por parte del Estado.
La disputa inició a fines de agosto de 2025, cuando la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) envió un oficio a In-House Company SpA, la firma detrás del portal BasesJurisprudenciales.cl. La CAPJ, dirigida interinamente por Andreina Olmo Marchetti, acusó a la empresa de obtener información ilícitamente a través de web scraping, sin autorización y en contravención a la normativa vigente. La Corporación exigió a la empresa el cese inmediato del uso y comercialización de la información, la eliminación de todo el material extraído de sus sistemas y la abstención de usar denominaciones que pudieran asociarse al Poder Judicial, como “base jurisprudencial”.
Ante la falta de respuesta y la continuidad de las operaciones, la CAPJ presentó una querella criminal que se tramita bajo reserva en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. En ella, la repartición que administra los recursos del Poder Judicial imputa a la empresa una serie de delitos relacionados con el funcionamiento de su portal.
La respuesta de In-House Company SpA no se hizo esperar. En abril de este año, la compañía interpuso un recurso de amparo económico ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La empresa argumentó que la CAPJ estaba impidiendo arbitrariamente el funcionamiento de su plataforma, mientras permitía que otras compañías del mismo rubro continuaran extrayendo y comercializando información del Portal Unificado de Sentencias. La firma defendió la legalidad de sus actividades, subrayando que opera en un mercado consolidado con al menos otras seis empresas y que sus procesos no difieren de los utilizados por sus competidores, reivindicando su derecho a ejercer una actividad económica lícita.
Este escenario revela la pugna entre el acceso público a la justicia y los intereses comerciales que surgen de la sistematización y análisis de esa misma información, un debate que ahora se dirime en los tribunales.
