Traslado de Hernández Norambuena: Familia acusa venganza de Kast

El traslado de Mauricio Hernández Norambuena desde la Cárcel de Rancagua hacia el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS) en Santiago ha generado un fuerte conflicto. La familia del exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) emitió una declaración pública señalando que la medida constituye una represalia política directa.

El operativo, ejecutado el pasado miércoles, fue justificado por Gendarmería bajo criterios técnicos. Según la institución, el traslado responde a medidas de seguridad penitenciaria debido al perfil de alta connotación pública y el historial criminógeno del interno, lo cual hacía recomendable su permanencia en un recinto de máxima seguridad.

Denuncias por condiciones penitenciarias

Lejos de aceptar las razones institucionales, los familiares de Hernández Norambuena —quien cumple condena por el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards—, sostienen que el cambio de cárcel se realizó sin fundamentos. Aseguran que el exintegrante del FPMR fue trasladado con lo puesto, sin acceso a sus medicamentos, enseres básicos o vestimenta adecuada para el invierno.

Estamos en contra del traslado de Mauricio, pues constituye un endurecimiento y un retroceso en sus condiciones penitenciarias, sometiéndolo, sin fundamentos y desconociendo su calidad de adulto mayor y patologías padecidas, a un régimen excepcional y especial de castigo.

La defensa familiar subraya que en el nuevo recinto, Hernández Norambuena enfrenta un régimen restrictivo que incluye allanamientos diarios, la falta de atención médica, la suspensión de tratamientos psicológicos y de terapia neural, además de una limitación severa de visitas, reducidas a una instancia social semanal sin opción a visita conyugal.

Señalamientos contra el Gobierno

La declaración apunta directamente a las autoridades. La familia responsabiliza al presidente José Antonio Kast y al ministro Martín Arrau por la integridad física y la vida del interno. Según su versión, esta decisión es una «venganza y revancha de la extrema derecha» en contra de Mauricio.

Los denunciantes enfatizan que el mandatario habría explicitado su rol en la gestión de traslados de presos días atrás. Asimismo, contrastan la situación actual del exfrentista con los beneficios que, a su juicio, reciben otros internos condenados por violaciones a los Derechos Humanos.

¿Cuál será el desenlace de esta controversia? Por ahora, la familia del interno mantiene su postura crítica, mientras las autoridades de Gendarmería y el Ejecutivo defienden el procedimiento como una medida técnica indispensable para la seguridad del sistema penitenciario.