La defensa de Joaquín Lavín León, encabezada por el abogado Cristóbal Bonacic, ha arremetido contra la metodología utilizada por el Ministerio Público en el caso que mantiene al exdiputado en prisión preventiva. El equipo jurídico sostiene que la Fiscalía habría exhibido conversaciones de WhatsApp «editadas» a testigos clave, lo cual habría sesgado sus declaraciones originales ante los investigadores.
La polémica por el supuesto «call center»
El núcleo de la discordia se encuentra en la investigación por presuntos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado. La Fiscalía apunta a que el parlamentario utilizó personal financiado con recursos del Congreso para gestionar un call center destinado a labores electorales, recopilando bases de datos y contactos políticos con dinero público.
Según Bonacic, la narrativa del ente persecutor se sostiene sobre un chat grupal denominado «Proyectos 2020», donde participaban cuatro personas. El abogado defensor afirma que la Fiscalía presentó fragmentos aislados de estas conversaciones, omitiendo el contexto completo del intercambio y, por ende, induciendo a error a los testigos consultados.
Defensa acusa investigación sesgada
El abogado cuestionó duramente la forma en que el Ministerio Público ha conducido la causa, señalando que la tesis investigativa fue construida desde el inicio antes de buscar los antecedentes necesarios para respaldarla. «Me gustaría saber qué hubieran contestado los testigos si se les hubiera exhibido el chat completo, con toda su información», declaró el jurista, insistiendo en que el contenido total demostraría que las llamadas eran dirigidas a dirigentes del distrito y no a actividades electorales prohibidas.
Por su parte, la parte querellante, que representa a la Municipalidad de Maipú, calificó estas acusaciones como falsas. Según los querellantes, si el argumento de la defensa fuera verídico, la medida cautelar de prisión preventiva no estaría vigente. Además, sostienen que cuentan con declaraciones de funcionarios y evidencia documental que acredita que tanto la gestión de bases de datos como otras labores realizadas por personal público poseían fines electorales claramente definidos.
