Un lapidario informe de la Contraloría Regional de Antofagasta ha puesto bajo la lupa al Hospital Carlos Cisternas de Calama, tras detectar pagos improcedentes por un total de $2.353.540.670. La auditoría, contenida en el Informe N°673 de 2025, detalla una serie de falencias críticas en el control financiero y la gestión de contratos entre los años 2023 y 2025.
¿Cómo se gastaron los recursos públicos en el recinto asistencial? Según el organismo fiscalizador, el hospital realizó contrataciones mediante licitaciones y tratos directos que omitieron la obligatoria toma de razón de la Contraloría. La mayor parte de los fondos observados corresponden a $783 millones en seguridad y vigilancia, además de $684 millones en servicios de aseo, ambos sin registros ni contratos que prueben que el trabajo realmente se ejecutó.
Irregularidades administrativas y conflicto de interés
La investigación también identificó otros $393 millones bajo el ítem de “Gastos Generales” donde no fue posible comprobar la razonabilidad del gasto. Además, el informe menciona la detección de pagos duplicados y errores graves en la validación financiera. Entre las prácticas irregulares destaca la selección de empresas con ofertas más costosas sin justificación técnica y la aceptación de contratistas sin la experiencia requerida para los servicios de seguridad o provisión de insumos.
El informe expone hallazgos aún más delicados:
- $558 millones pagados a una empresa que presentó documentación inválida o directamente adulterada.
- Contratación de una firma sin giro comercial vigente para los servicios prestados.
- Evidente conflicto de interés entre un funcionario del hospital y la representante legal de uno de los proveedores.
La entidad fiscalizadora anunció la presentación de un reparo por $2.353.540.670, mecanismo destinado a recuperar recursos públicos pagados de forma improcedente.
Ante la gravedad de estos antecedentes, que apuntan a una falta de verificación en la autenticidad de los documentos presentados por proveedores, la Contraloría instruyó el inicio de un procedimiento disciplinario. Además, los hechos fueron derivados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para iniciar las acciones legales correspondientes.
Actualmente, el caso se encuentra en manos de las autoridades judiciales, quienes deberán determinar las eventuales responsabilidades penales y administrativas por el uso indebido de fondos públicos. La comunidad de Calama permanece atenta a las sanciones que recaerán sobre los involucrados y a las medidas correctivas que el hospital deberá implementar para garantizar la transparencia en sus futuras contrataciones.
