Una compleja auditoría realizada por la Contraloría Regional de Antofagasta ha encendido las alarmas en el sector salud. El Hospital Carlos Cisternas de Calama enfrenta un cuestionamiento por pagos improcedentes que alcanzan los $2.353.540.670, cifra detectada tras la revisión de procesos administrativos, financieros y de contratación efectuados entre los años 2023 y 2025.
El Informe N°673 de 2025 es lapidario al señalar que el recinto asistencial ejecutó desembolsos de dinero público sin que existiera un respaldo documental que acreditara la realización efectiva de los servicios. ¿En qué se gastó este dinero? El documento detalla que $783 millones fueron destinados a servicios de vigilancia y seguridad, mientras que otros $684 millones se pagaron por servicios de aseo, en ambos casos sin registros de contratos o personal que confirmara su ejecución.
Irregularidades en licitaciones y posibles conflictos de interés
La fiscalización reveló que, además de las deficiencias operativas, se omitieron procedimientos obligatorios. El hospital optó por licitaciones públicas y tratos directos que requerían una toma de razón ante la Contraloría, trámite que fue ignorado. A esta falta se suman $393 millones bajo el ítem de “Gastos Generales”, los cuales carecen de cualquier justificación de procedencia o razonabilidad financiera.
El informe detalla prácticas administrativas negligentes, tales como:
- Pagos duplicados y errores sistemáticos en la validación financiera.
- Contrataciones de insumos y servicios administrativos con respaldos insuficientes.
- Selección de ofertas de mayor costo económico sin una justificación técnica que las hiciera preferibles frente a alternativas más baratas.
- Aceptación de antecedentes de proveedores que no demostraban la experiencia necesaria para el cargo.
Uno de los hallazgos más graves apunta a un posible conflicto de interés. Un funcionario del recinto mantenía una relación personal directa con la representante legal de una empresa contratista. Asimismo, se detectaron $558 millones pagados a una firma que presentó documentación adulterada o inválida para acreditar su experiencia, e incluso a una empresa que no poseía el giro comercial adecuado para los servicios contratados.
Acciones legales y futuro del caso
Ante la magnitud de los montos observados, la Contraloría ha iniciado formalmente un reparo por $2.353.540.670, cuyo objetivo principal es recuperar los recursos mal utilizados por el centro hospitalario. Paralelamente, se ha instruido el inicio de un procedimiento disciplinario interno para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.
La gravedad de los hechos ha llevado al organismo fiscalizador a remitir todos los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE). Con la apertura de estas aristas penales y civiles, el caso se traslada ahora al ámbito judicial, donde se definirá si el desorden administrativo del Hospital de Calama derivó en delitos de corrupción o fraude al fisco que deban ser sancionados por los tribunales chilenos.
