En un acto sin precedentes para la justicia ecuatoriana, el jefe de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), el general Mauricio Salazar, ofreció disculpas públicas en nombre del Estado por la desaparición forzada y posterior asesinato de cuatro menores afrodescendientes. El hecho ocurrió en diciembre de 2024 y, tras una sentencia de la Corte Constitucional, se reconoció la responsabilidad estatal en este caso que conmocionó a la sociedad civil.
Las víctimas, identificadas como Josué, Ismael, Steven y Nehemías, tenían entre 11 y 15 años y residían en un sector popular al sur de Guayaquil. El general Salazar expresó con “vergüenza y dolor” que el Estado fue responsable de arrebatarles su infancia y derecho a la vida, marcando un hito en la reparación simbólica exigida por las autoridades judiciales.
Cronología de una tragedia en Guayaquil
La noche del 8 de diciembre de 2024, una patrulla compuesta por dieciséis soldados detuvo a los menores bajo el argumento de un supuesto robo en las cercanías de un centro comercial en el barrio Las Malvinas. Sin embargo, los uniformados no siguieron el protocolo de entrega policial; en su lugar, trasladaron a los niños a un pueblo ubicado a 40 kilómetros de Guayaquil, cerca de una base militar.
Según la investigación, los menores fueron golpeados y obligados a desnudarse antes de ser abandonados. Días más tarde, sus restos calcinados fueron hallados en una zona de manglar; la autopsia confirmó que al menos tres de los cuerpos presentaban impactos de bala. En diciembre pasado, el tribunal condenó a los militares involucrados a penas que oscilan entre los 30 meses y 34 años y ocho meses de cárcel.
Medidas de reparación y el reclamo de justicia
Además de las disculpas, la Corte Constitucional dictaminó que cada 8 de diciembre se conmemore la memoria de las víctimas. Asimismo, ordenó reformas profundas a los protocolos internos y leyes de las fuerzas militares para garantizar la protección de menores. El general Salazar admitió que el Estado falló en proveer información veraz a las familias sobre el paradero de los niños.
“Estoy incompleta. Lo único que quiero saber es la verdad, ¿qué pasó con nuestros hijos? Y que no se vuelva a repetir con ningún otro niño”, declaró Johanna Arboleda, madre de Nehemías.
El acto contó con la presencia de Ana Lorena Delgadillo, relatora del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU. Pese a este avance, los familiares manifestaron su frustración debido a que la investigación específica sobre el asesinato sigue estancada. Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), calificó lo ocurrido como un hecho inédito en el país, especialmente en el contexto del conflicto armado interno decretado por el presidente Daniel Noboa. Actualmente, la presión social se mantiene firme para que el proceso judicial avance más allá de las disculpas institucionales y logre sentencias condenatorias por el homicidio de los cuatro menores.
