La decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de obligar a los casinos virtuales a pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ha generado un profundo debate en el Bío Bío, dividiendo a los parlamentarios de la región. Mientras que la Corte Suprema ya había declarado la ilegalidad de estas plataformas y ordenado su clausura, el movimiento del SII plantea una pregunta clave: ¿es el cobro de impuestos a casas de apuestas ilegales un intento de regularizar una actividad proscrita o una simple estrategia para la urgente recaudación fiscal?
Este escenario, que se desata a pocos días del inicio del Mundial de Fútbol 2026, ha dejado a muchos sin entender el fundamento de la medida. Las casas matrices de estos casinos se encuentran en el extranjero, moviendo «millones de dólares» fuera de Chile, lo que agrega otra capa de complejidad al asunto.
La visión a favor de la recaudación fiscal
Desde el Partido de la Gente, el diputado Patricio Briones no desconoce la ilegalidad de la actividad, pero subraya la necesidad de allegar recursos al fisco chileno. Para Briones, la posibilidad de cobrar impuestos a estas plataformas representa una oportunidad que no se puede ignorar, especialmente ante los montos de dinero involucrados.
Si el Servicio de Impuestos Internos quiere hacer efectivo el pago de impuestos, me parece bien porque se están moviendo millones de dólares que no quedan en Chile y necesitamos recaudar. Pero ya la Corte Suprema con su resolución las declaró ilegal, o sea, aquí ni ningún servicio va a estar por sobre la ley. Yo creo que este es un primer paso, pero no para legalizar algo que está declarado ilegal, eso es improducente, incluso creo que está inconstitucional.
Las voces que alertan sobre una “legalización disfrazada”
En la vereda opuesta se encuentran el senador UDI, Enrique Van Rysselberghe, y el diputado DC, Álvaro Ortiz. Ambos coinciden en que el Servicio de Impuestos Internos cometió un error y que debería retractarse de su resolución, temiendo que esta acción pueda ser un paso hacia la legalización encubierta de las casas de apuestas extranjeras.
El diputado Ortiz fue categórico en su postura, indicando que “Aquí hay un intento de legalizar por la ventana a las casas de apuestas para recaudar dinero ahora que se viene el Mundial, aun cuando la Corte Suprema dictaminó que son total y absolutamente ilegales.”
Por su parte, el senador Van Rysselberghe sostuvo que el SII pudo haber actuado de manera independiente y equivocada, sin seguir la normativa vigente. “Estoy seguro que en este caso el Servicio Impuestos Internos corrió con colores propios y mal interpretó la norma vigente, lo que espero que este dictamen sea corregido a la brevedad posible.”
La diputada UDI, Flor Weisse, también expresó sus dudas sobre la medida, aunque admitió la complejidad de la situación. Para Weisse, la señal que se envía a la ciudadanía es confusa, y aunque el pago de impuestos no legalice una actividad, podría interpretarse erróneamente como tal, generando una peligrosa ambigüedad.
Pagar impuestos no convierte automáticamente una actividad ilegal en legal. Sin embargo, se puede generar una señal confusa para la ciudadanía. En Concepción, hemos visto cómo las autoridades han debido clausurar reiteradamente casinos ilegales y decomisar cientos de máquinas de azar porque operan fuera de la normativa. Si el Estado comienza a recaudar de actividades cuya legalidad aún está en discusión, algunos podrían interpretar erróneamente que basta con tributar para funcionar.
La controversia se intensifica con la alerta lanzada por la Asociación Chilena de Casinos, justo en un momento crucial para la industria del juego, previo al Mundial de Fútbol 2026. La decisión del SII, aunque busca allegar recursos a las arcas fiscales, enfrenta el dilema de cómo abordar actividades declaradas ilegales por la máxima instancia judicial del país.
La tensión entre la necesidad de recaudación y el respeto a la legalidad vigente sigue sin resolverse. ¿Podrá el SII mantener su dictamen sin contradecir la decisión de la Corte Suprema, o se verá obligado a rectificar? El futuro de la regulación de las apuestas online en Chile y la forma en que el Estado gestiona estas actividades ilegales permanece en la incertidumbre, abriendo un debate que va más allá de lo meramente tributario.
