La reconstrucción tras el megaincendio de 2024 en Viña del Mar se ha visto envuelta en una fuerte disputa. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, arremetió contra el movimiento “Arquitectos y Arquitectas por un Chile Digno”, a quienes acusó de defender a una constructora involucrada en trabajos de dudosa calidad dentro del sector Lomas Latorre.
La controversia surgió tras la publicación de un video por parte del secretario de Estado desde el terreno. En el registro, informó que la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional detectó falencias críticas en las viviendas de emergencia y reconstrucción. Según Poduje, la constructora será oficiada y obligada a dar explicaciones; de no ser satisfactorias, la empresa podría ser apartada y las casas tendrían que ser reconstruidas desde cero.
Tensión por presuntas irregularidades
El secretario de Estado fue tajante al señalar que no tolerará la defensa de “casas mal hechas” bajo motivaciones políticas. Incluso advirtió que, si el movimiento gremial mantiene su postura de respaldo a la constructora, el Ministerio de Vivienda no descarta acudir al Tribunal de Ética o directamente a los tribunales de justicia.
El ministro enfatizó que los recursos destinados a la reconstrucción están orientados exclusivamente a viviendas nuevas y no a reparaciones o refuerzos de estructuras antiguas. Por lo tanto, las empresas tienen la obligación legal de responder ante los reparos técnicos realizados.
Desde la vereda opuesta, la dirigenta Ximena Bórquez rechazó tajantemente las acusaciones. La arquitecta negó vínculos con la constructora o la entidad patrocinante y argumentó que demoler las viviendas es una medida innecesaria. Según su versión, los informes técnicos detectaron observaciones que son totalmente corregibles sin necesidad de derribar lo ya construido.
¿Qué pasará con los recursos públicos?
Bórquez también advirtió sobre los riesgos financieros de la postura del gobierno. Argumentó que, mientras las obras no tengan recepción final, las correcciones son responsabilidad de la empresa. En este escenario, demoler para levantar nuevas estructuras implicaría un gasto extra de recursos fiscales. Además, desde el gremio denunciaron “marcas de ilegalidad” en la gestión, mencionando que existen documentos firmados por familias sin fecha ni los protocolos formales exigidos.
A la fecha, el conflicto permanece estancado mientras la empresa deberá enfrentar las observaciones de los equipos técnicos del ministerio. La incertidumbre sobre si se procederá a la demolición o si se abrirá una mesa de correcciones mantiene en vilo a los vecinos de Lomas Latorre, quienes esperan una solución definitiva tras la catástrofe.
