La compleja investigación por corrupción judicial en Los Ángeles, en la Región del Bío Bío, avanza hacia una nueva etapa. La Fiscalía Regional de Ñuble ha fijado para el próximo 2 de junio una audiencia de formalización que ampliará el espectro de involucrados en esta red, la cual ya cuenta con la participación de abogados, un exfiscal, un exdefensor y funcionarios del Juzgado de Garantía.
Nuevos perfiles bajo la lupa de la Fiscalía
El Ministerio Público busca formalizar a tres personas adicionales en este caso. Entre los citados se encuentran dos empleadas que prestaban servicios en el estudio jurídico de las abogadas Andrea Romero y Susana Cortés, quienes actualmente se mantienen en prisión preventiva. A estas trabajadoras se les imputarán delitos graves, tales como asociación criminal, obstrucción de la investigación, tráfico de armas y acceso indebido a sistemas informáticos.
El tercer imputado que se sumará al proceso es Moisés Bastardo, un sicario venezolano que cumple condena de presidio perpetuo simple. Bastardo era representado legalmente por Romero y Cortés, y ahora será formalizado específicamente por el delito de tráfico de armas en el marco de esta misma causa.
El estado del proceso judicial
La red de corrupción ha mantenido bajo la mira a diversos actores del sistema penal. Además de las abogadas mencionadas, ya están imputados un funcionario judicial y el exdefensor Patricio Gutiérrez. Por otro lado, la situación del exfiscal Rodrigo Durán y de la jueza Cherie Palomera permanece pendiente, supeditada a la resolución de las querellas de capítulo actualmente en trámite.
Este artículo describe un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra, según lo estipulado en el Artículo 04 del Código Procesal Penal.
Con la audiencia programada para junio, queda por ver si el Ministerio Público logrará consolidar las pruebas contra los nuevos formalizados y cómo esta expansión afectará el desenlace de la causa principal que ha sacudido la administración de justicia en la zona.
