El clima social en Bolivia atraviesa su momento más crítico. Durante las últimas cuatro semanas, el país ha sido epicentro de constantes movilizaciones y bloqueos de rutas, afectando principalmente la operatividad y el abastecimiento de La Paz. El descontento ciudadano, que ya registra cuatro fallecidos —incluyendo un menor de 12 años que no pudo recibir asistencia médica urgente—, responde a una serie de recortes en el gasto público y la reducción de subsidios a los combustibles impulsada por el presidente Rodrigo Paz.
Tensión política y el rol de Evo Morales
El escenario político está fracturado. El pasado 20 de mayo, el canciller Fernando Aramayo denunció la gestación de un supuesto golpe de Estado. Según el ministro, las manifestaciones poseen “un rostro inexcusable que es el del expresidente Evo Morales”, a quien responsabilizó directamente por instigar la “sedición” contra el actual Gobierno.
Por su parte, Evo Morales ha lanzado un ultimátum desde sus espacios de influencia. El exmandatario aseguró que “a Rodrigo Paz solo le quedan dos caminos, una decisión suicida como militarizar o finalmente cumplir la pacificación y transición, con una elección en los próximos 90 días, como establece la Constitución, para evitar conflictos con muertos y heridos”.
Bloqueos y crisis económica
Bernardo Pacheco, académico de la Universidad de los Andes (Uandes), explica que la situación es insostenible. “El país se encuentra en la cuarta semana de movilizaciones de movimientos sindicales, obreros y campesinos”, señala, destacando que La Paz permanece privada de suministros básicos de alimentos y energía. El experto advierte que, si bien la base del reclamo es económica, el trasfondo político vinculado a Morales es innegable, calificando las protestas como “muy violentas”.
El impacto financiero no se ha hecho esperar. Este martes, el riesgo país de Bolivia escaló hasta los 605 puntos básicos, posicionándose como el segundo más alto de toda Latinoamérica. Según datos del índice EMBI de JPMorgan, el interés que los inversores exigen a la deuda boliviana ha trepado 227 puntos desde inicios de mayo, cuando marcaba 378 unidades.
La nueva ley y el posible uso de militares
Con el objetivo de contener la parálisis nacional, el Congreso derogó la Ley 1341, que limitaba el uso de estados de excepción. Esta normativa, promulgada el miércoles por Rodrigo Paz, elimina los frenos previos para la intervención de las Fuerzas Armadas. Anteriormente, los militares solo podían actuar si la policía era superada y con un tope de 60 días; hoy, el Ejecutivo cuenta con facultades mucho más amplias.
“Hoy el sistema político le ha dado un guiño a Rodrigo Paz para establecer el control, aplicar medidas de fuerza y hacer uso de las Fuerzas Armadas”, sostiene Bernardo Pacheco.
A pesar de contar con esta herramienta legal, la situación sigue en un punto de no retorno. Aunque el analista de la Uandes asegura que el presidente aún mantiene la intención de apostar por una salida dialogada, el sistema político ha despejado el camino para que el mandatario endurezca las medidas. La gran pregunta ahora es si Rodrigo Paz decidirá finalmente militarizar las calles o si logrará una tregua antes de que la escalada de violencia y el riesgo financiero comprometan aún más la estabilidad de la nación.
