El caso que sacude la candidatura de Diego Ancalao
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte formalizó una acusación contra el excandidato presidencial, Diego Ancalao, solicitando una pena total de 15 años de cárcel. La investigación por el fraude electoral cometido en 2021 apunta a delitos graves de falsificación reiterada de instrumento público y usurpación masiva de identidad, luego de que el Servicio Electoral (Servel) detectara irregularidades críticas en su proceso de inscripción.
El escándalo estalló cuando el Servel rechazó la candidatura del dirigente mapuche tras constatar que los 23.161 patrocinios presentados en formato físico contenían anomalías insalvables. Según los antecedentes, los documentos incluían la firma y el timbre de un notario que, para esa fecha, ya no ejercía funciones ni estaba con vida: Patricio Zaldívar Mackenna.
La falsificación masiva de firmas
De acuerdo con la indagatoria, se determinó que la notaría del señor Zaldívar había dejado de operar en 2018 y el fedatario público falleció en febrero de 2021. La fiscalía sostiene que 23.135 de los patrocinios entregados fueron falsificados, utilizando datos personales de ciudadanos que nunca otorgaron su consentimiento ni completaron los formularios requeridos.
El Ministerio Público reveló que Ancalao no habría operado de forma solitaria. Junto a él, se vincula en la red a Denisse Olivares, Fabián Olivares, Nataly Vega, Max Bustamante y Gonzalo López. Este último habría recibido pagos específicamente para gestionar la incorporación de timbres y firmas falsas del fallecido notario en los documentos presentados ante la autoridad electoral.
Detalle de las penas solicitadas
La estructura de la solicitud de condena presentada por el ente persecutor se desglosa de la siguiente manera:
- Tres años por el delito de fraude electoral.
- Nueve años por falsificación de instrumento público.
- Tres años por delitos reiterados de usurpación de identidad.
El Ministerio Público argumenta que el excandidato fue autor directo de los ilícitos, los cuales fueron consumados mediante la confección de planillas donde se inventaron firmas y se vulneró la fe pública de miles de ciudadanos. La causa busca sentar un precedente sobre la integridad en la recolección de patrocinios para cargos de elección popular en Chile.
