La crisis en Bolivia ha escalado a niveles críticos, transformando el panorama político y social del país tras casi un mes de intensas movilizaciones. El descontento ciudadano, originado principalmente por los recortes de gasto público y la reducción de subsidios a los combustibles implementados por el presidente Rodrigo Paz, ha dejado a la ciudad de La Paz con graves problemas de abastecimiento de alimentos y energía.
La situación ha cobrado un costo humano lamentable: al menos cuatro personas han muerto, incluido un niño de 12 años que no logró recibir asistencia médica de urgencia debido al bloqueo sistemático de las carreteras bolivianas.
Tensión política y riesgos económicos
El conflicto ha tomado un cariz de enfrentamiento directo entre el oficialismo y la oposición. El pasado 20 de mayo, el canciller Fernando Aramayo denunció ante la opinión pública que en Bolivia se está gestando un golpe de Estado. Según el ministro, las protestas poseen “un rostro inexcusable que es el del expresidente Evo Morales”, a quien acusó formalmente de fomentar la “sedición”.
Por su parte, Evo Morales ha endurecido su discurso, señalando que al mandatario actual solo le quedan dos salidas: “una decisión suicida como militarizar o finalmente cumplir la pacificación y transición, con una elección en los próximos 90 días, como establece la Constitución, para evitar conflictos con muertos y heridos”.
El impacto financiero también ha sido severo. Este martes, el riesgo país de Bolivia escaló hasta los 605 puntos básicos, consolidándose como el segundo más elevado de toda Latinoamérica. Según datos del índice EMBI de JPMorgan, el interés que exigen los inversores por la deuda boliviana ha experimentado un alza de 227 puntos desde el 1 de mayo, cuando se situaba en 378 puntos.
El nuevo escenario con las Fuerzas Armadas
Ante la escalada de violencia, el Congreso boliviano tomó una decisión clave: derogar la Ley 1341 de “Estados de Excepción”. Esta normativa, instaurada tras la salida de Morales en 2020, limitaba estrictamente el uso de militares en conflictos internos, restringiendo su accionar a situaciones donde la policía fuera superada y estableciendo un tope de 60 días.
El académico de la Universidad de los Andes (Uandes), Bernardo Pacheco, explica que la nueva ley promulgada por Rodrigo Paz este miércoles elimina estos candados institucionales. Aunque la medida no declara automáticamente un estado de excepción, otorga al presidente la facultad constitucional de desplegar al ejército para controlar disturbios y restaurar el orden.
“Hoy el sistema político le ha dado un guiño a Rodrigo Paz para establecer el control, aplicar medidas de fuerza y hacer uso de las Fuerzas Armadas. El presidente aún quiere utilizar el diálogo; sin embargo, ya tiene la herramienta. El sistema político le ha dado todo el pase para que pueda hacerlo”, señaló Bernardo Pacheco.
Actualmente, el país transita su cuarta semana de movilizaciones lideradas por sectores sindicales, obreros y campesinos. Mientras los manifestantes ven en la nueva legislación una vía libre para la militarización del territorio, el Gobierno mantiene abierta la posibilidad del diálogo, aunque ahora bajo el respaldo de una herramienta drástica que podría cambiar definitivamente el curso de la crisis en las próximas horas.
