La Contraloría General de la República cerró la investigación sobre la participación de la primera dama, María Pía Adriasola, en el casino del Palacio de La Moneda. Tras una denuncia presentada por el diputado Daniel Manouchehri ante una supuesta infracción sanitaria, el ente fiscalizador concluyó que no hubo irregularidades ni reproches de juridicidad en los hechos ocurridos.
El dictamen D292/2026, oficializado el 19 de mayo por el organismo encabezado por Dorothy Pérez, analizó si los protocolos de ingreso al casino presidencial y la asistencia de Adriasola en la entrega de alimentos constituían una falta. La consulta buscaba determinar si la manipulación de comida sin los implementos sanitarios correspondientes generaba una responsabilidad administrativa.
Detalles del incidente y visión de la Seremi
De acuerdo con el informe de la Dirección Administrativa de la Presidencia, el episodio ocurrió el día después del cambio de mando. La primera dama realizaba un recorrido por las dependencias de La Moneda cuando llegó de forma espontánea al casino general, coincidiendo con el horario de almuerzo. Allí, colaboró brevemente en la distribución de platos a los funcionarios presentes.
La versión oficial subraya que su intervención “no implicó una intervención en el proceso de elaboración o preparación de los alimentos”, limitándose a una asistencia acotada sin contacto con las etapas críticas de manipulación. Por su parte, la Seremi de Salud Metropolitana respaldó esta postura al concluir que no existió una vulneración a la normativa vigente ni un riesgo real para los trabajadores.
La participación fue una actuación breve, espontánea, aislada y sin incidencia en la inocuidad de los alimentos ni en la continuidad del servicio, sin constatar transgresiones verificables en los controles.
El organismo sanitario realizó una visita inspectiva al recinto y validó el cumplimiento de las condiciones necesarias, descartando cualquier afectación al servicio. Para sostener este dictamen, la Dirección Administrativa de la Presidencia remitió al ente contralor el “Manual de Aseguramiento de Calidad del Servicio de Alimentación del Palacio de La Moneda” y el decreto que regula el funcionamiento interno del casino.
Advertencia de Contraloría sobre fiscalizaciones
Más allá de lo sanitario, la Contraloría aprovechó la resolución para lanzar una advertencia sobre la gestión de denuncias parlamentarias. Si bien se comprometió a responder con prontitud los requerimientos de los diputados, el organismo recordó que sus labores de fiscalización exigen “significativos esfuerzos y recursos humanos, financieros y materiales”.
El ente enfatizó que dichos recursos deben ser administrados bajo criterios estrictos de prioridad y relevancia jurídica, económica y social. Con este dictamen, el caso se considera cerrado desde el punto de vista administrativo, aunque el debate sobre el uso de los mecanismos de fiscalización parlamentaria en situaciones menores permanece abierto como un punto de interés constante en la opinión pública.
