El dictamen de la Contraloría sobre el casino de La Moneda
La Contraloría General de la República despejó las dudas sobre las supuestas irregularidades en la entrega de almuerzos por parte de la Primera Dama, María Pía Adriasola, en el casino del Palacio de Gobierno. El organismo, bajo la dirección de la contralora Dorothy Pérez, determinó que no existieron faltas administrativas ni vulneraciones a la normativa vigente en dicho servicio.
La controversia se originó el pasado 12 de marzo, cuando se viralizaron registros audiovisuales de Adriasola sirviendo raciones en el casino presidencial sin utilizar elementos de protección personal como mascarilla, guantes o cubrepelo. Tras la difusión, diputados como el socialista Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini (PS) elevaron los antecedentes ante el ente fiscalizador para solicitar una investigación formal.
Sin riesgos sanitarios ni intervenciones críticas
En el informe oficial, la Contraloría sostuvo que no fue posible demostrar «una vulneración concreta a la normativa sanitaria, ni un riesgo efectivo o una transgresión verificable de los procedimientos de control». El texto es enfático al señalar que tampoco hubo una afectación a las condiciones higiénicas del recinto.
El documento aclara que las acciones de la esposa del Mandatario no supusieron una intervención en las etapas de elaboración o preparación de los alimentos. Según el ente fiscalizador, «correspondió únicamente a una colaboración puntual en la etapa final del servicio», lo que permitió descartar contactos con fases críticas del proceso productivo que pusieran en peligro la salud de los trabajadores.
Una asistencia limitada y espontánea
La resolución detalla que el actuar de la Primera Dama fue una «asistencia limitada, espontánea y de escasos minutos», descartando actuaciones prolongadas o de un impacto material que permitiera suponer una manipulación indebida. Por ende, no hubo acciones que comprometieran el cumplimiento de las normas de control administrativo.
Tras este pronunciamiento, la Contraloría hizo un llamado al buen uso de las herramientas de fiscalización. La institución advirtió que cualquier denuncia «requiere de significativos esfuerzos y recursos humanos, financieros y materiales», elementos que por su escasez deben ser utilizados con un «cuidadoso resguardo» para no afectar la operatividad del organismo.
En tanto, desde la UDI surgieron dudas respecto a posibles vinculaciones entre este dictamen y la reciente salida de Steinert del Gobierno, aunque señalaron que «cuesta imaginar que el gobierno conozca esa resolución». Mientras, en el Congreso, la agenda legislativa continúa con la votación del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional de Kast.
