La presidenta del Colegio Médico de Chile (Colmed), Anamaría Arriagada, sentó una postura firme ante la propuesta que busca obligar a instituciones como hospitales y colegios a reportar información de migrantes irregulares. En diálogo con Radio Universo, la dirigenta descartó que el gremio facilite estos antecedentes, argumentando que existen principios superiores a cualquier normativa administrativa.
Para Arriagada, la esencia de la medicina choca frontalmente con esta indicación legislativa. «No estamos disponibles. Tenemos no solamente el juramento hipocrático, tenemos que cumplir con tratados internacionales y tenemos que cumplir con una ley muy importante que es la Ley de Derechos y Deberes», explicó la profesional.
El conflicto entre la confidencialidad y la normativa
El argumento central del Colmed es que la legislación actual sobre derechos y deberes en salud no contempla el estatus migratorio como una variable válida para revelar información sensible. Según Arriagada, romper el secreto profesional por motivos de persecución administrativa tendría consecuencias devastadoras para el sistema de salud público.
«La ética está por sobre la ley y, por lo tanto, nosotros ahí podemos incluso objetar de conciencia, pero nosotros no podemos cumplir con una ley que se mete dramáticamente en principios muy importantes y muy fundantes. Si violamos el principio de secreto profesional, el daño en la comunidad es enorme, pues dudarán si atenderse con un médico o enfermera por riesgo a ser expulsados del país».
La presidenta del gremio enfatizó que la atención en salud en Chile ha mantenido históricamente un enfoque universal. Aseguró que los equipos médicos se han adaptado a las diversas culturas, idiomas y formas de vida de los pacientes, independientemente de su situación legal.
El alcance del secreto médico
Ante la consulta sobre situaciones judiciales específicas o procesos de expulsión en curso, la postura de la dirigenta se mantiene en la protección del paciente. Si bien reconoció que existen excepciones legales, estas son estrictamente acotadas al marco de investigaciones penales.
«La Ley de Derechos y Deberes dice que debemos entregar datos al Ministerio Público o a un juez, siempre que se pidan en el marco de una investigación donde el médico esté involucrado o los datos sean relevantes para ese proceso. Incluso un juez no me puede pedir datos sin explicar concretamente para qué es; el médico siempre debe evaluar si corresponde entregarlos», detalló Arriagada. La controversia se mantiene abierta, instalando un debate sobre los límites de la colaboración institucional frente a la ética médica.
