En sus primeros 60 días de gestión, el presidente José Antonio Kast ha puesto en marcha un plan enfocado en destrabar inversiones y acelerar la maquinaria estatal que, a su parecer, operaba con un freno de mano innecesario. Bajo el lema de que Chile necesita volver a moverse, el mandatario ha invitado a empresarios y delegaciones extranjeras a invertir en el país, asegurando que el Ejecutivo facilitará el camino para que constructoras y firmas internacionales se instalen sin las trabas burocráticas del pasado.
Esta postura, sin embargo, ha generado tensiones, especialmente al tocar la normativa de protección ambiental. Un ejemplo claro ocurrió cuando Kast cuestionó la Ley de Humedales, señalando que, bajo esa lógica, el campo de su padre en Puerto Varas podría ser considerado un humedal por su condición geográfica. La duda que persiste entre analistas y sectores políticos es si es posible agilizar la inversión sin comprometer la rigurosidad de los estándares ecológicos.
Cifras récord y el rol del Comité de Ministros
Los números de la administración son claros: entre el 11 de marzo y el 14 de mayo, se han aprobado 43 iniciativas equivalentes a US$9.757 millones mediante el Comité de Ministros y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Paralelamente, entre el 11 de marzo y el 11 de mayo, ingresaron al Sistema de Evaluación Ambiental un total de 58 proyectos por un monto de US$22.258 millones, incluyendo iniciativas de gran envergadura como la continuidad operacional de Minera El Abra (US$7.500 millones) y expansiones de Minera Escondida (más de US$5 mil millones).
La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, ha enfatizado que el objetivo no es solo sesionar más, sino modernizar la gestión.
El compromiso de la administración es reducir en 30% los tiempos de tramitación de los proyectos de inversión. Mientras las instituciones sean más confiables, cumpliendo la normativa vigente y sus plazos, más posibilidades tenemos de atraer inversiones que generen bienestar a las personas.
Advertencias y el futuro de la tramitación
El director ejecutivo del SEA, Arturo Farías, sostiene que el mandato institucional es agilizar procesos sin reducir las exigencias legales. No obstante, voces como la del diputado Jaime Araya (PPD) han advertido sobre el riesgo de perder rigurosidad técnica ante la presión por mostrar resultados. Por su parte, el diputado Jaime Bassa (FA) cuestiona el enfoque político del Gobierno, argumentando que se percibe a la institucionalidad ambiental como un obstáculo para el crecimiento económico.
El debate se intensificará con la Ley de Reconstrucción, que propone cambios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y una controvertida cláusula para restituir gastos si una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) es anulada. El próximo 18 de mayo, el Comité de Ministros volverá a sesionar para revisar cuatro proyectos adicionales por US$2.848 millones, entre los que destacan la Planta de Hidrógeno y Amoníaco V (US$2.500 millones) y el Proyecto Minero Ciclón Exploradora (US$125 millones). El éxito de esta estrategia dependerá de si el Gobierno logra demostrar que desarrollo y sostenibilidad pueden avanzar al mismo ritmo.
