El Gobierno impulsa la creación del Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, una base de datos que busca sancionar a personas condenadas por delitos y faltas que dañan la convivencia ciudadana. Esta medida, firmada esta semana por el presidente, contempla restricciones a beneficios estatales como la gratuidad en Educación Superior, subsidios habitacionales y la Pensión Garantizada Universal (PGU).
El catálogo de actos sancionables incluye delitos graves como agresiones a Carabineros, daños a monumentos nacionales, barricadas y desórdenes. Además, integra incivilidades como rayados en espacios públicos o privados, venta ilegal de alcohol y consumo de drogas o alcohol en la vía pública. ¿Qué alcance real tendrá esta nómina en el acceso a políticas sociales?
Voces divididas en el Congreso
El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, señaló que el Ejecutivo mantiene las puertas abiertas al diálogo para sumar recomendaciones.
Esto ha venido siendo tratado por los alcaldes de las distintas municipalidades del país a través de ordenanzas. Nosotros queremos ampliar la discusión, la base de discusiones y también que los parlamentarios coloquen sobre la mesa cuáles son las otras medidas adicionales que se pueden tomar. Evidentemente, acá tenemos que innovar
Desde la Comisión de Seguridad, el diputado Jaime Coloma (UDI) respaldó la propuesta argumentando que Chile no debe normalizar los saqueos o daños a la infraestructura. En la misma vereda, el diputado Jaime Araya (PPD) valoró la iniciativa, aunque advirtió sobre la necesidad de ajustes técnicos. Según Araya, se requieren correcciones legislativas para evitar que la norma se convierta en un castigo focalizado únicamente en los sectores de menores recursos.
Críticas por discriminación social
La postura más crítica provino de la senadora independiente Fabiola Campillai, quien calificó la medida como un acto de discriminación contra la clase trabajadora.
Entonces esto es para la clase media, para la clase trabajadora, la clase obrera, pero para el 1% más rico del país, no. Así es que volvemos a decir: este gobierno quiere a los ricos más ricos y a los pobres más pobres
Con la firma presidencial ya estampada, el proyecto iniciará pronto su tramitación legislativa. El desafío para el Ejecutivo será lograr un consenso que permita aplicar sanciones sin profundizar las brechas de desigualdad ya cuestionadas por la oposición y sectores independientes.
