El Servicio de Impuestos Internos (SII) generó un fuerte revuelo durante la noche de este miércoles tras publicar una resolución que permite a las plataformas de apuestas online y casinos virtuales pagar el IVA en Chile. La medida establece mecanismos técnicos para que empresas extranjeras tributen por sus operaciones en el país, ignorando —según critican expertos— que el ejercicio de estas actividades ha sido calificado como un acto ilícito por el máximo tribunal.
¿Legalización de facto o recaudación técnica?
La postura del SII se basa en un criterio estrictamente administrativo. El organismo sostiene que su función no es determinar la legalidad de los juegos de azar, sino asegurar que se cumplan las obligaciones tributarias derivadas de servicios digitales. Según argumentan, la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios (LIVS) obliga a gravar el «contenido de entretenimiento digital», equiparando estas plataformas con servicios como Netflix.
Sin embargo, la contradicción es evidente: mientras el SII invita a estas empresas a inscribirse en un registro especial, la Corte Suprema ha ordenado reiteradamente a las empresas de telecomunicaciones el bloqueo de estos sitios. Hasta el momento, dicha orden judicial no ha sido efectiva, ya que los operadores han logrado evadir las restricciones mediante nuevos dominios o cambios de nombre.
La postura de los casinos y el Congreso
Desde la Asociación Chilena de Casinos y Juegos, la reacción fue tajante al señalar que la medida va más allá de la recaudación:
La medida no constituye un simple acto de recaudación tributaria. En la práctica, opera como un mecanismo de regularización encubierta al incorporar al sistema del Estado a operadores que hoy desarrollan una actividad que la Corte Suprema ha calificado como ilegal.
La industria reclama que estos operadores no cumplen con las exigencias de fiscalización, protección al consumidor ni prevención de adicciones que sí rigen para los casinos físicos bajo la Ley 19.995, la cual excluye expresamente a las apuestas en línea.
Escenario político y futuro del proyecto de ley
En paralelo, la tensión se traslada al Congreso, donde se tramita desde 2022 un proyecto de ley para regular este mercado. El debate se ha visto salpicado por conflictos de interés, como el caso de la asesora de la Segpres, María Trinidad Sainz Reyes, cuestionada por su pasado como lobbista de la industria, específicamente agrupada en la Asociación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (APAL).
Senadores como Esteban Velásquez y Diego Ibáñez han anunciado que recurrirán a la Contraloría General de la República para cuestionar la legalidad de la resolución del SII. La gran interrogante que queda abierta es si este paso administrativo terminará consolidando una legalización de facto de una industria que, hoy por hoy, sigue operando al margen de la ley chilena mientras el Poder Legislativo intenta, a contrarreloj, fijar las reglas del juego.
