Un bloque integrado por Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú emitió este viernes una declaración conjunta enérgica. Los gobiernos de estos ocho países manifestaron su rechazo frontal contra “toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático” en Bolivia, nación que atraviesa una severa crisis social y política.
Este pronunciamiento ocurre en el marco de diez días de protestas ininterrumpidas y bloqueos de carreteras que han paralizado diversas zonas del país. La situación ha provocado un grave desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos esenciales, afectando principalmente al departamento de La Paz y a la ciudad de El Alto.
El impacto humanitario y político
La tensión en las calles ha superado los límites institucionales, dejando un saldo lamentable de al menos tres personas fallecidas debido a la imposibilidad de recibir asistencia médica oportuna por causa de las interrupciones en el tránsito. Ante este escenario, la Cancillería argentina fue la encargada de difundir el comunicado regional.
“Rechazamos toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y a alterar la institucionalidad del Gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, elegido democráticamente en las Elecciones Generales realizadas en 2025”, recalcaron los países firmantes.
El grupo de naciones, que observa con profunda “preocupación” el desarrollo de los acontecimientos, reiteró su solidaridad con el pueblo boliviano. Asimismo, hicieron un llamado explícito a los actores políticos y sociales para priorizar el diálogo y el respeto a la paz social sobre cualquier medida de fuerza.
La postura del gobierno boliviano
El presidente boliviano, Rodrigo Paz, endureció su discurso este viernes al advertir que los responsables de intentar “destrozar” la democracia enfrentarán penas de cárcel. El mandatario vinculó directamente las movilizaciones a un intento de golpe contra su administración.
El jefe de Estado señaló como principales impulsores de esta agenda a sectores afines al expresidente Evo Morales (quien gobernó entre 2006 y 2019). Mientras grupos de seguidores de Morales marchan hacia La Paz exigiendo su renuncia, el exmandatario ha desestimado las acusaciones oficiales que lo señalan como financista de las movilizaciones. ¿Podrá el llamado al diálogo internacional frenar la escalada de violencia en las próximas horas o la crisis en el Altiplano seguirá profundizándose?
