Una grave denuncia de violencia política sacudió al Congreso esta semana. La Bancada de Diputadas y Diputados del PPD e Independientes hizo pública la existencia de una campaña de hostigamiento y amenazas de muerte dirigidas directamente hacia el parlamentario Jaime Araya.
El conflicto se originó tras las recientes declaraciones del diputado sobre el proyecto de Reconstrucción. Araya había advertido sobre un posible “tsunami” de indicaciones parlamentarias, estimando que si se suman las propuestas del Partido Socialista, PPD, Partido Comunista, Frente Amplio y la Democracia Cristiana, la cifra podría ascender a cerca de 2.500 indicaciones adicionales.
El origen de la tensión política
El diputado Jaime Araya contextualizó esta cifra durante una intervención en un podcast, donde detalló:
“Si nosotros estamos en las 300 (indicaciones), probablemente el PC va a llegar con 600, el Frente Amplio va a llegar con 1000. Por eso yo creo que va a mandar cerca de las 2.500 tranquilamente, si uno suma Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Comunista, Frente Amplio y Democracia Cristiana. Y más las indicaciones que los otros van a tener que hacer necesariamente para no quedarse afuera de esto”.
Tras estas palabras, el legislador comenzó a recibir mensajes intimidatorios. Ante esto, sus pares de bancada emitieron un comunicado oficial expresando su “profundo rechazo y condena” por la situación, detallando que el acoso no solo ocurre en plataformas digitales, sino también mediante mensajes enviados directamente a su teléfono celular personal.
Acusaciones contra sectores de extrema derecha
Los parlamentarios apuntaron sus dardos directamente contra “sectores de derecha y ultraderecha”, responsabilizándolos por generar un clima de odio que, según aseguran, no se observaba desde hace tiempo en la política nacional.
“En democracia existen diferencias y desacuerdos frente a determinados proyectos de ley y la forma en la cual estos se tramitan, sin embargo, otra cosa muy distinta es que sectores de la derecha y extrema derecha se orquesten para atacarlo con un nivel de odiosidad que no veíamos hace tiempo”, señalaron en el documento. La bancada enfatizó que esta violencia política debe ser rechazada de forma transversal por todos los sectores.
Finalmente, los legisladores insistieron en que las críticas al proyecto de ley se basan en falencias técnicas. Según sostienen, la agresividad observada es producto de la “desesperación” ante un articulado que ha sido desacreditado por organismos técnicos y que, a su juicio, continúa perdiendo apoyo ciudadano. La polémica sigue abierta mientras las autoridades evalúan las acciones legales pertinentes ante estas graves amenazas.
