La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se encuentra en el centro de un intenso debate político tras revelarse que mantiene una sociedad vigente con su exesposo y padre de sus hijas, el abogado Rodrigo Irrazabal. La controversia surgió luego de que se conociera que el jurista figura en registros por haber defendido a un sujeto detenido en Talca, a quien se le incautaron 758 gramos de marihuana, además de otros nueve kilos de la misma droga hallados en su domicilio.
Ante las dudas sobre esta vinculación, la secretaria de Estado explicó que la sociedad fue constituida hace 25 años. Según sus palabras, esta entidad nunca tuvo movimientos financieros y simplemente no fue desarticulada tras la anulación de su matrimonio. Pese a estas aclaraciones, el senador comunista Daniel Núñez calificó el vínculo como un riesgo para el desempeño del cargo y exigió a la ministra que diera un paso al costado.
Querellas y defensas en el Congreso
La respuesta de Trinidad Steinert no se hizo esperar y, a través de sus redes sociales, anunció que interpondrá una querella criminal contra Daniel Núñez. La ministra argumenta que el parlamentario incurrió en una imputación injuriosa que atenta directamente contra su honra. Esta decisión escaló las tensiones en el Congreso, provocando diversas reacciones entre los legisladores:
- El diputado de RN, Eduardo Duran, respaldó a la titular de Seguridad, acusando al senador de utilizar información carente de rigurosidad.
- La senadora del PPD, Loreto Carvajal, defendió a la ministra asegurando que sus explicaciones han sido contundentes y reforzó la idea de que nadie debe responder por los actos de terceros.
- En la vereda opuesta, el senador socialista Gastón Saavedra cuestionó el método elegido por Steinert, señalando que “no es el camino apropiado para una ministra de Estado”.
Ella tiene que entender que está de ministra, esa es su responsabilidad, sentenció Gastón Saavedra ante la respuesta judicial anunciada por la jefa de cartera.
¿Un sesgo machista en las críticas?
Dentro del oficialismo, el diputado republicano Agustín Romero se sumó a las voces que respaldan a la ministra. Romero calificó los cuestionamientos de desproporcionados y los vinculó directamente con un trasfondo de discriminación, afirmando que “un hombre no sufriría estos cuestionamientos”. La situación se mantiene en desarrollo mientras se espera la tramitación de la querella anunciada.
¿Logrará esta acción judicial frenar los cuestionamientos sobre el patrimonio de la autoridad o esta polémica marcará un precedente en su gestión ministerial? La tensión en el Congreso sugiere que el debate sobre la transparencia y la vida privada de los ministros está lejos de cerrarse.
