Un grave escándalo de fiscalización afecta a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), luego de que saliera a la luz la presunta manipulación de datos ambientales reportados a la autoridad. La irregularidad, que pone en jaque la transparencia de la estatal, se centra en la información entregada a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) respecto al cumplimiento de los límites de contaminantes exigidos por el Plan de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica (PPDA) en la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví.
¿Qué ocurrió realmente con los reportes de emisiones? Según antecedentes revelados por el Diario Financiero tras la reciente junta de accionistas, la compañía habría reportado niveles de contaminantes dentro de la norma cuando, en la práctica, las cifras habrían sido alteradas. Este hallazgo fue detectado a inicios de 2024 por el propio directorio, lo que activó una revisión interna para determinar cómo se gestionaron estas mediciones ambientales.
Gobierno exige respuestas y evalúa acciones
El tema escaló a nivel ministerial durante la última junta de accionistas, instancia realizada bajo total hermetismo. En la cita participaron los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y de Energía, Ximena Rincón. Tras el encuentro, la ministra Rincón fue enfática al referirse a la gravedad de los hechos:
Existen contingencias legales ambientales que el accionista considera graves. Se ha instruido la elaboración de un informe detallado que deberá ser entregado en un plazo máximo de 15 días, sin perjuicio de las acciones legales que ya se evalúan por parte de la estatal.
El actual presidente del directorio, Cristián Muga, quien asumió en marzo, ha sido pieza clave para acelerar este proceso investigativo. Sobre la mesa se barajan diversas sanciones que podrían concretarse, abarcando desde medidas administrativas y regulatorias hasta posibles acciones de carácter penal contra quienes resulten responsables de la falsificación de los datos.
Resultados históricos vs. crisis reputacional
La tensión por la manipulación de datos ambientales contrastó con el balance financiero positivo de la empresa. El ministro de Hacienda informó que ENAP obtuvo resultados históricos, alcanzando utilidades por US$ 848 millones en 2025. Se confirmó que el 70% de dichas ganancias será transferido directamente al Estado.
A pesar del éxito en los números, la prioridad absoluta para el Gobierno es esclarecer la veracidad de los reportes ambientales. Actualmente, la empresa se encuentra en una fase crítica: a la espera del informe que debería estar listo en dos semanas, se definirá el curso definitivo de las acciones legales. La gran duda que persiste es si este hecho constituye un evento aislado o una práctica extendida, un factor que determinará el futuro administrativo de la compañía frente a la SMA.
