El cuestionamiento del expresidente sobre el sistema de cobranza
El expresidente Gabriel Boric alzó la voz este martes frente a la compleja situación que enfrentan miles de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). El exjefe de Estado manifestó su rechazo ante la ejecución de cobros judiciales y embargos que están afectando directamente a los bolsillos de las familias, mientras el país sigue sin concretar una reforma estructural en la materia.
A través de sus canales oficiales en redes sociales, Boric apuntó sus dardos hacia el actual oficialismo y los bloques opositores. El exmandatario recordó que durante su administración existía un consenso técnico para avanzar en un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, pero acusó que «la derecha se negó a legislar» para aliviar la carga financiera de los estudiantes y sus familias.
Crisis económica familiar y prioridades políticas
Boric fue enfático al describir el impacto real de estas medidas de cobranza. Según el exmandatario, el sistema está procediendo a «vaciar cuentas corrientes intempestivamente», lo que deriva en crisis profundas para las economías domésticas de personas trabajadoras. Esta situación, a su juicio, refleja una desconexión sobre las prioridades del actual debate político nacional.
En esa línea, el exjefe de Estado comparó esta rigidez financiera con el debate vigente sobre el levantamiento del secreto bancario para desbaratar al crimen organizado. «¿Por qué hay inflexibilidad y castigo para familias trabajadoras y sacrificadas que están endeudadas y se sigue siendo permisivo con los negocios del crimen organizado con el que todos queremos terminar?», sentenció ante la opinión pública.
Llamado a retomar la agenda educativa
Finalmente, el exmandatario hizo un llamado abierto a los sectores políticos para retomar la discusión sobre un modelo de financiamiento para la educación superior que sea más justo. Boric ratificó su apoyo a quienes han sido víctimas de estos embargos y exhortó a las fuerzas progresistas a movilizarse para poner un freno definitivo a los vaciamientos de cuentas por deudas estudiantiles.
Cabe recordar que esta declaración se da en un contexto donde el sistema de educación superior mantiene pendiente una solución definitiva que reemplace al controvertido instrumento del CAE, el cual ha sido protagonista de diversos conflictos judiciales y sociales en la última década.
