El expresidente Gabriel Boric arremetió contra las actuales medidas de cobro a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) y criticó duramente el reciente rechazo en el Senado al levantamiento del secreto bancario por vía administrativa. A través de su cuenta de X, el exmandatario cuestionó las contradicciones que observa en la gestión de las políticas públicas y la agenda de seguridad.
“Pese a que teníamos consenso técnico, durante nuestro gobierno la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE a miles de personas que han pagado por años montos mucho mayores que el valor de sus carreras”, sostuvo Boric. El exjefe de Estado enfatizó que actualmente se están vaciando las cuentas corrientes de los deudores de forma intempestiva, lo que deriva en crisis severas para las economías familiares.
El debate sobre las prioridades políticas y el crimen organizado
El exmandatario estableció una comparación directa entre el trato hacia los deudores y la falta de avance en la lucha contra el crimen organizado. “Y mientras esto sucede a costa de la clase media, los mismos que justifican este castigo a familias endeudadas, votan en contra de habilitar el levantamiento del secreto bancario”, señaló.
¿Dónde están las prioridades? ¿Por qué hay inflexibilidad y castigo para familias trabajadoras y sacrificadas que están endeudadas y se sigue siendo permisivo con los negocios del crimen organizado con el que todos queremos terminar?
Boric expresó su solidaridad con los afectados por estas medidas y llamó a las fuerzas progresistas a levantar la voz para finalizar los embargos y el vaciamiento de cuentas. Asimismo, instó a retomar las propuestas para un sistema de financiamiento que no sea una “carga eterna” y a mantener la firmeza para golpear la ruta del dinero del crimen organizado.
La situación de la Tesorería General de la República
Esta semana, la Tesorería General de la República (TGR) confirmó que más de 550 mil personas presentan morosidad en el pago de sus créditos CAE, obligando al Fisco a cubrir dichas obligaciones ante los bancos. Según datos de la entidad, esta acumulación representa una deuda superior a los $4 billones de pesos.
Ante este escenario, la TGR ha iniciado procesos de cobro, convenios de pago y embargos. Según el organismo, la mayor parte de estas acciones legales han recaído sobre deudores que declaran ingresos iguales o superiores a $3.500.000 mensuales, según datos del Año Tributario 2025. Hasta la fecha, más de 1.500 personas han sido embargadas, lo que equivale a un 5% del total de casos que han regularizado su situación mediante convenios. Pese a las críticas, el Gobierno ha sido enfático en que los embargos continuarán mientras se mantiene el llamado a los morosos para que reprogramen sus deudas.
