Contraloría ordena sumario a Segegob por polémica frase Estado en quiebra

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La Contraloría General de la República (CGR) ha tomado cartas en el asunto tras la polémica publicación realizada por la Secretaría General de Gobierno (Segegob). El organismo fiscalizador ordenó iniciar un sumario disciplinario para esclarecer las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en el uso de la expresión «Estado en quiebra».

El caso, que involucra a la cartera liderada por la ministra Mara Sedini, surgió luego de que desde el ente contralor se cuestionara la precisión técnica de dicho mensaje. Si bien la CGR reconoce que la Segegob tiene la facultad de informar a la ciudadanía mediante redes sociales utilizando un lenguaje cotidiano, enfatizó que toda comunicación pública debe regirse bajo principios de sobriedad y veracidad institucional.

Ausencia de sustento técnico

El oficio emitido por la Contraloría es tajante: el servicio no fue capaz de «sustentar fáctica y técnicamente» los términos utilizados en la publicación. La entidad argumentó que este tipo de declaraciones pueden generar confusión innecesaria en la población.

Por su parte, la ministra Sedini ha descartado de plano la existencia de recortes en el gasto social. La secretaria de Estado acusó que existen sectores que han intentado instaurar el «miedo a la ciudadanía» a través de estas interpretaciones, defendiendo la gestión ministerial frente a las críticas.

Medidas correctivas y plazos

Ante la controversia, el ministerio optó por retirar el contenido de sus plataformas digitales tras admitir que las expresiones empleadas no cumplieron con los estándares de moderación exigidos. El reconocimiento de este error fue un punto clave para la resolución del organismo contralor.

Como medida inmediata, la Contraloría instruyó la adopción de protocolos para evitar futuras comunicaciones imprecisas que puedan inducir a error. Respecto al sumario, la institución exigió ser informada sobre los avances y resultados de este proceso disciplinario dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles.

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