Una ofensiva parlamentaria ha sacudido al Ministerio de Hacienda. Los diputados Jaime Bassa y Erika Ñanco presentaron un oficio formal para que el Ejecutivo explique el alcance real de los recortes presupuestarios anunciados, los cuales podrían totalizar $5,4 billones hacia el año 2027 y afectarían a más de un centenar de programas estatales.
¿Qué contienen los documentos que originaron esta solicitud? El oficio se centra en el Oficio N°16, el instrumento que establece las directrices para el Presupuesto 2027 y proyecta la programación financiera para el periodo entre 2028 y 2031. Según los parlamentarios, el Gobierno ha invocado un escenario de “estrechez fiscal” sin entregar detalles precisos sobre los fundamentos técnicos ni los efectos concretos de este ajuste.
Incertidumbre en la gestión pública
La preocupación de los legisladores radica en la falta de transparencia sobre qué programas específicos serán eliminados o reducidos. Según el diputado Jaime Bassa, la actual forma de comunicar estas medidas impide el correcto funcionamiento del Estado y la toma de decisiones públicas.
“Hasta ahora solo conocemos declaraciones imprecisas, incluso erróneas, que luego deben ser corregidas sobre la marcha”, señaló Bassa, exigiendo que Hacienda transparente de una vez por todas los criterios y montos comprometidos.
En la misma línea, la diputada Erika Ñanco calificó como “irresponsable” el anuncio de reducciones drásticas sin explicar las consecuencias sociales. “No se puede pedir responsabilidad fiscal mientras se mantiene en la incertidumbre a las comunidades que dependen de estas políticas”, enfatizó la parlamentaria, advirtiendo sobre el impacto directo en sectores críticos como salud, educación y protección social.
Exigencias del oficio parlamentario
Más allá de las críticas políticas, el requerimiento presentado al Ministerio de Hacienda busca datos técnicos concretos para asegurar el control democrático de la gestión. Específicamente, el documento solicita información sobre:
- La metodología exacta utilizada para definir los recortes.
- El detalle de los criterios técnicos detrás de la selección de programas afectados.
- Eventuales medidas de mitigación para proteger a los grupos más vulnerables del país.
Actualmente, el debate se mantiene en un estado de alta tensión, ya que los legisladores acusan que toda la discusión sobre la estrechez fiscal se ha desarrollado a través de anuncios confusos en lugar de información técnica validada. Por ahora, el Gobierno mantiene silencio frente a las interrogantes planteadas, mientras el Congreso se prepara para fiscalizar cómo se materializará esta reducción de gasto en los próximos años.
