En un giro inesperado en el caso Convenios que sacude la región de Bío Bío, la Fiscalía ha solicitado al Servicio Electoral (Servel) que retire del padrón electoral a 10 de los acusados. Esta medida busca impedirles ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones del domingo.
La decisión de la Fiscalía se basa en que, según la Constitución, las personas acusadas por delitos que enfrentan penas de cárcel pierden sus derechos políticos. María José Aguayo, la fiscal a cargo, argumentó que esta suspensión de derechos debe aplicarse a los 10 imputados en el caso, entre los que se encuentran Camila Polizzi, Luisa Fonceca, Sebastián Polanco y Matías Godoy.
Sin embargo, la defensa de los acusados ha reaccionado rápidamente. Camila Polizzi desmintió lo señalado por el Ministerio Público, asegurando estar «totalmente habilitada para sufragar». Por su parte, Sebastián Polanco y el abogado Hans Laurie, quien representa a Matías Godoy, indicaron que están evaluando apelar la resolución, argumentando que la ley suspende los derechos políticos solo después de la audiencia de preparación del juicio oral.
Esta situación ha generado un tenso debate en torno a los derechos de los acusados y el equilibrio entre la presunción de inocencia y la protección de la integridad del proceso electoral. Mientras la Fiscalía busca evitar que los imputados ejerzan su voto, los abogados defensores se preparan para impugnar la medida y defender los derechos de sus clientes.
