El senador Matías Walker, de Demócratas, reaccionó enérgicamente a las declaraciones del ministro de Seguridad, Martín Arrau, profundizando la controversia en torno a la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo. La discusión central gira en torno a si la iniciativa tiene o no implicancias en el ámbito de la salud, tema que puso en duda la ministra May Chomali.
El origen del desencuentro se dio cuando el ministro Arrau aseguró que la ministra Chomali desconocía los detalles de la propuesta, la cual aún no ha sido divulgada públicamente. Arrau afirmó: “Sí, la ministra Chomali desconoce el proyecto constitucional; es un proyecto que todavía no ha sido público. Así que yo creo que está opinando de una cosa que quizás no está tan al tanto (…) No tiene que ver directamente con salud”.
Walker refutó categóricamente esta afirmación. El senador de Demócratas sostuvo que la reforma sí posee consecuencias directas en el sector sanitario. Para justificar su postura, indicó que “sí tiene que ver con la salud, pues el propio texto del borrador de la reforma constitucional alude al art 19 N 9 que consagra, precisamente el derecho a protección de la salud”.
Como respaldo a sus palabras, el senador compartió una captura de pantalla de lo que sería un borrador del documento constitucional. Este fragmento indica que las personas condenadas por delitos relacionados con el crimen organizado y el terrorismo serían inhabilitadas para acceder a cualquier prestación financiada con recursos estatales. Esta restricción aplicaría durante el cumplimiento de la condena y por un período de 15 años posteriores a su finalización.
La propuesta, según el extracto difundido, afectaría derechos y garantías fundamentales establecidos en el artículo 19 de la Constitución, específicamente los números 9°, 10°, 16° y 18°. Estos ítems corresponden a la protección de la salud, la educación, la libertad de trabajo y la seguridad social, respectivamente.
Ante este panorama, Walker expresó su total rechazo a la medida, declarando en su publicación que “no cuentan con mi voto para esta locura”. El parlamentario argumentó que la disposición constitucional obligaría al legislador a inhabilitar el acceso a estas prestaciones sin realizar distinción alguna sobre el tipo de delito cometido, abriendo un espectro demasiado amplio de afectación.
Para ilustrar el alcance de la medida, Walker enumeró diversos beneficios que podrían verse afectados. Entre ellos, mencionó explícitamente el “GES, las vacunas, la atención en un consultorio, la enfermería de una cárcel producto de una agresión, el ajuar en un hospital para una madre, la ración de Junaeb para los hijos y la libertad de trabajo para reinsertarse en la sociedad con recursos del Sence”.
Estas declaraciones de Walker surgen en un contexto de fricciones dentro del propio Gobierno, donde la reforma de seguridad ha evidenciado una falta de coordinación. La respuesta del ministro Arrau a los reparos de la ministra Chomali es una clara señal de estas tensiones internas.
La preocupación de la ministra de Salud se centraba en que una de las normas del borrador podría ser incompatible con el derecho fundamental a la salud, al impedir el acceso a prestaciones estatales. A pesar de estas críticas, el ministro Arrau insistió en defender la propuesta, aclarando que las restricciones están dirigidas exclusivamente a personas condenadas por crimen organizado y terrorismo. “No estamos hablando de un delincuente, no. Aquí son de crimen organizado y terrorismo”, concluyó.
