En medio de la investigación del Caso Convenios en La Araucanía, el Juzgado de Garantía de Temuco decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Héctor Troncoso Triviño, presidente de la Fundación Local. Troncoso fue formalizado por los delitos de fraude al fisco, uso malicioso de instrumento privado, uso malicioso de instrumento privado mercantil y administración desleal.
Según la investigación, el Gobierno Regional de La Araucanía, encabezado en ese entonces por el exgobernador Luciano Rivas, seleccionó a la Fundación Local, una entidad con pocos años de trayectoria y sin experiencia comprobada, para recibir unos $2.100 millones destinados al apoyo del reciclaje en la zona. Sin embargo, se sospecha que estos fondos fueron desviados por una red de amigos cercanos al exgobernador.
Medidas cautelares contra los implicados
Además de Troncoso, otras dos personas fueron imputadas en esta arista del Caso Convenios:
Natalie Christel Miranda Cabrera fue formalizada por los delitos de fraude al fisco, uso malicioso de instrumento privado, uso malicioso de instrumento privado mercantil y negociación incompatible. La jueza decretó para ella arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los coimputados.
Por su parte, Andrés Soró Rubilar, imputado también por fraude al fisco, se le impusieron las cautelares de arraigo nacional, firma mensual y prohibición de comunicarse con los coimputados.
Antecedentes del Caso Convenios
La investigación del Caso Convenios busca esclarecer el destino de los $2.100 millones que el Gobierno Regional de La Araucanía transfirió a la Fundación Local, una entidad sin experiencia pero con vínculos cercanos al exgobernador Rivas.
Según lo revelado, el exgobernador «no se percató» de que había visado la entrega de $9.000 millones a una fundación de su propio compadre, lo que evidencia una red de pitutos y corrupción que defraudó millones de pesos destinados a programas sociales.
La investigación continúa avanzando para determinar la responsabilidad de todos los implicados y recuperar los fondos públicos desviados.
