La reciente ruptura del principio de prescindencia por parte del presidente Gabriel Boric ha generado un intenso debate en el mundo político chileno. Mientras el Gobierno defiende las declaraciones del mandatario como un ejercicio de «libertad de expresión», la oposición ha acudido a la Contraloría para asegurar el cumplimiento de la neutralidad en las próximas elecciones presidenciales.
En una declaración pública, el presidente Boric dejó entrever su apoyo a la candidata oficialista Jeannette Jara, afirmando que «el próximo gobierno tiene que ser mejor (…) y Jara representa eso». Estas palabras han sido interpretadas por la oposición como una infracción al principio de prescindencia, que obliga a los funcionarios públicos a mantenerse al margen de las campañas electorales.
Libertad de Expresión vs. Neutralidad Política
En defensa del presidente, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que «no se pueden usar recursos públicos en campañas, pero no se puede coartar la libertad de expresión que es sustancial a toda democracia». Sin embargo, desde la oposición, el diputado Cristián Araya, del Partido Republicano, afirmó que buscarán presentar sus propias acciones ante la Contraloría para mantener los principios de transparencia y probidad.
Reacciones Encontradas
La reacción de la oposición ha sido variada. Mientras que la Democracia Cristiana no apoyó el oficio enviado por Renovación Nacional a la Contraloría, el diputado Héctor Barría consideró que las acciones de Boric reflejan una «candidatura debilitada» y la intención de generar «enfrentamientos y división en el país».
Por su parte, la diputada Lorena Fríes, del Frente Amplio, defendió al presidente, argumentando que sus declaraciones se dieron fuera de sus labores presidenciales. No obstante, desde Renovación Nacional insisten en que Boric «no puede ser jefe de campaña de Jara».
Implicaciones y Perspectivas
Esta situación pone de manifiesto la delicada línea entre la libertad de expresión y el respeto al principio de prescindencia en las campañas electorales. Mientras el Gobierno argumenta que Boric ejerció su derecho a opinar, la oposición considera que se trata de un abuso de poder que podría distorsionar la equidad del proceso.
A medida que se acercan las elecciones presidenciales de noviembre, es crucial que se mantenga un ambiente de neutralidad y transparencia, donde todos los candidatos tengan las mismas oportunidades de llegar al electorado. La resolución de este conflicto por parte de la Contraloría será clave para determinar los límites de la libertad de expresión de los funcionarios públicos en el contexto electoral.
